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La restitución unió a una familia víctima de los paramilitares, en Cesar

Los hermanos Herrera Cabarcas heredaron de sus padres el amor por el campo. Uno de los integrantes de esta humilde familia recuerda que in

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Los hermanos Herrera Cabarcas heredaron de sus padres el amor por el campo. Uno de los integrantes de esta humilde familia recuerda que inició desde muy pequeña el trabajo en el campo cargando leña, agua y ayudando a su padre a arar el campo.

Mercy Herrera Cabarcas fue la encargada de tomar las riendas de esta familia restituida en la zona rural del municipio de Agustín Codazzi, Cesar. “El sentimiento que hoy nos embarga es grande, ya que mi madre no alcanzó a retornar a las tierras en donde nacimos. Ella murió antes que nos entregaran las tierras que hoy están siendo trabajadas gracias al proyecto productivo de ganadería que implementamos”, precisó en medio de sollozos la hija de la víctima.

La sentencia que favoreció a los hermanos Herrera Cabarcas fue analizada bajo un enfoque diferencial por tratarse de una mujer adulta y madre cabeza de hogar. “Hoy sus hijos somos los encargados de trabajar y sacar adelante este predio, ya que mi madre nos abandonó antes de tiempo. Ella murió esperanzada en que algún día volveríamos a vivir del campo”, señaló la beneficiaria.

Esta familia soportó los peores vejámenes de la violencia tras ser violentada por los paramilitares, quienes asesinaron al padre de familia y un familiar más. Desde este momento empezó el calvario para los miembros de este hogar, quienes se vieron en la necesidad de abandonar el corregimiento de Casacará.

El hecho que generó el desplazamiento de esta familia ocurrió el 20 de marzo de 2002, cuando las Autodefensas, que venían haciendo presencia en la zona, ingresaron a la vivienda de la víctima de manera arbitraria, dándole muerte al padre de familia y a un hermano de la reclamante. La misma noche asesinaron a otro parcelero.

Debido a los sucesos ocurridos, la solicitante abandonó completamente el bien, desplazándose hacia la ciudad de Santa Marta, temiendo correr la suerte de sus familiares. Las ganas de retornar y las dificultades para subsistir, hicieron que en 2003 la reclamante vendiera el inmueble; convenio que fue resuelto en 2006 por incumplimiento en el pago del precio pactado.

 
 

 

 

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