Ante organismos de control

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El Personero Municipal de Valledupar, Nicomedes Vásquez, instaurará tres denuncias frente a la Fiscalía  delegada de los Derechos Humanos con el fin de proteger la vida de las 27 familias desplazadas del corregimiento de Pitalito, que la semana anterior llegaron hasta el palacio departamental, denunciando su situación ante el Comité de Atención a la población desplazada.

“Creemos posible que frente al desalojo, haya acaecido una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”; igualmente  instaurará una queja ante la

Procuraduría General de la Nación, para que verifique el comportamiento de los servidores públicos y miembros de la Fuerza Pública  que estuvieron al frente del desalojo y otras situaciones puntuales, denunciadas por los desplazados.

El Personero dijo además que pondrá la situación en conocimiento del Ministerio del Interior.

La Personería hizo una petición especial en el sentido de que se revise y se valore nuevamente, por parte del Comité departamental de desplazados, la situación de desplazamiento forzado que este grupo viene denunciando: “es que estas personas han hecho una cantidad de denuncias sobre su desplazamiento, no se por qué hasta ahora se les viene a escuchar con mucho detenimiento, es una situación que el comité  tiene la obligación de revisar y valorar, porque ellos vienen desplazados desde el mes de enero, cuando se  les comenzaron a  destruir sus casuchas y una escuela que allí existía, es una situación en que se produjo un desplazamiento forzado”, dijo Nicomedes Vásquez.

Las 27 familias que llegaron desplazadas desde el corregimiento de Pitalito, en el municipio de Chimichagua, tuvieron la oportunidad de reunirse con el comité departamental de  atención a la población desplazada y ser escuchados por sus miembros, quienes plantearon compromisos para mejorarles sus condiciones de vida.

A la reunión asistieron  el Defensor del Pueblo, el Personero Municipal, representantes del ICBF, de Acción Social. De la Agencia para Refugiados Acnur, la Comisión Nacional de Reparación y la Procuraduría, entre otros entes, que atendieron a este grupo de desplazados que contó detalles de la situación a la que se enfrentaron y que los llevó a un desplazamiento forzoso.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se comprometió a hacer seguimiento a la valoración de varios niños que allí se encuentran y a entregar raciones alimentarias a las 27 familias desplazadas.

A través de la Oficina Asesora de Paz, el gobierno departamental se encargó de la logística para el traslado de las familias desplazadas al municipio de Curumaní, lugar que ellos escogieron para asentarse. La Gobernación facilitó el transporte, al tiempo que hizo gestiones para que los niños puedan terminar su año escolar sin traumatismos.

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