Piden penalizar con c�rcel muertes por bala perdida

El Bienestar Familiar pidi� a las autoridades impartir condenas ejemplares a las personas que por balas perdidas han herido a menores de edad en el pa�s.

La directora encargada del Bienestar Familiar, Rosa Mar�a Navarro, lament� la muerte del ni�o de 7 a�os que fue herido en la cabeza por una bala perdida el pasado 31 de diciembre; la funcionaria pidi� un castigo ejemplar para la persona que accion� el arma.

�Consideramos que deben aplicar la m�xima pena que son al rededor de 37 a�os de prisi�n para este delincuente que usando un arma le caus� tanto da�o al ni�o en Soacha�, dijo Navarllo.

La funcionaria hizo un llamado a la comunidad para que denuncie ante las autoridades a los responsables de los hechos y tambi�n a trav�s de la L�nea Gratuita Nacional 01 8000 91 80 80.

El ex Procurador General, Jaime Bernal Cuellar, se�al� que este tipo conductas puede ser enmarcada dentro del homicidio doloso cuya pena podr�a, incluso superar los 20 a�os de prisi�n. Lo que hay que tener en cuenta, dice Bernal, es que esta persona estaba portando un arma en condiciones que no pod�a hacerlo.

«La persona que dispara sin tener en cuenta las circunstancias en que �sta se acciona est� de antemano aceptando cualquier clase de resultado. Si el que dispara sabe que hay persona muy cerca, si sabe que esa bala puede causar un da�o, significa que est� aceptando el posible resultado por lo cual estar�amos hablando de un homicidio con dolo eventual», explic�.
Al rechazo de gran parte del pa�s frente a esta pr�ctica, casi cultural de Colombia, de disparar al aire para celebrar, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, se sum� lamentando la muerte de los menores y el tr�gico momento que viven de otros cuatro menores que luchan por su vida, se espera que las autoridades den con los responsables y la justicia actu� con todo el peso de la ley para castigarlos.

El deceso
A las 8:32 de la noche del pasado lunes, Esteban Giraldo falleci� luego de tres d�as de agonizar por culpa de una bala perdida.
El proyectil que se aloj� en su cabeza, tal y como lo confirm� el dictamen de Medicinal Legal, le caus� severas lesiones cerebrales imposibles de superar.
De hecho, el pasado domingo se le hab�a decretado muerte cerebral y aunque se manten�a vivo gracias a un respirador artificial, los da�os fueron irreversibles y el personal m�dico que lo atend�a no pudo hacer nada para evitar su deceso.
Sus padres, Jhon Edwuard Giraldo y Andrea Ram�rez, llegaron escoltados por la Polic�a a reclamar el cuerpo del ni�o en Medicina Legal de Bogot�.

Buscando al culpable
Puerta a puerta, la Polic�a de Soacha trata de esclarecer el suceso.
Tambi�n se reiter� la recompensa de 15 millones de pesos para quien suministre informaci�n que permita capturar al responsable.
Y adem�s, se har� una labor de verificaci�n de armas de fuego en todo el municipio.
Por estos hechos y los otros seis que se registraron por las balas perdidas en los �ltimos d�as, la Fiscal�a General y la Procuradur�a General de la Naci�n, emprendieron las respectivas investigaciones con el fin de determinar qui�nes fueron los responsables de los tiros al aire que terminaron con estas cinco vidas, adem�s de herir a otras cuatro m�s, entre ellas, un beb� de cinco meses, en el distrito de Aguablanca, Valle.
Seg�n la procuradora delegada para la infancia y adolescencia, Ilva Miryam Hoyos, las autoridades de polic�a y entes de control como el CTI de la Fiscal�a deben emprender una b�squeda apoy�ndose en la informaci�n de los vecinos y testigos para dar con los responsables de dichas acciones.
Igualmente, se�al� que el Ministerio P�blico inst� a la Polic�a Nacional a hacer controles m�s severos y efectivos para incautar las armas en estas semanas hasta el pr�ximo 11 de enero. «No importa que tengan alg�n salvoconducto, el hacer disparos al aire constituye un intento de homicidio contra personas inocentes».
De la misma manera, manifest� Hoyos que se deben reforzar los controles de seguridad para evitar ri�as callejeras en el pr�ximo puente festivo de Reyes para as� evitar «hechos lamentables» que afecten la integridad de las personas y de sus familias.