Bogotá, 2 de abril de 2018.- La fuga de dos presos de la cárcel de máxima de seguridad La Picota, el sábado en la noc
Bogotá, 2 de abril de 2018.- La fuga de dos presos de la cárcel de máxima de seguridad La Picota, el sábado en la noche, nuevamente pone en evidencia fallas que la Contraloría General de la República ha detectado en sus auditorías al INPEC.
De acuerdo a los hechos hasta ahora conocidos, parte de las circunstancias que facilitaron la evasión denunciada, se relacionan con el insuficiente personal de custodia y vigilancia a cargo del pabellón donde se evidenciaron las ausencias, luego del conteo respectivo.
En relación con lo anterior, en las auditorías adelantadas al INPEC se ha abordado la temática de administración de personal, y uno de los hallazgos preocupantes es la elevada cantidad de permisos sindicales que se conceden al personal de custodia y vigilancia, que afectan la seguridad carcelaria.
Inicialmente la auditoría revelada en diciembre de 2016 puso de manifiesto que los permisos sindicales concedidos por el INPEC en 2015 totalizaron hasta 39 mil días en un año, lo que equivale a permisos sindicales por más de 110 años. De estos, el 85% de los permisos sindicales concedidos en dicha vigencia, correspondieron a personal de custodia y vigilancia.
Sin embargo, lo más grave es que el seguimiento realizado por la Contraloría permitió determinar que los permisos sindicales autorizados se incrementaron a 40.079 para 2016 (112 años) y se ubicaron en 31.397 para 2017 (88 años), lo que demuestra la persistencia de la situación detectada en la vigencia 2015. En algunos casos, sindicalistas favorecidos con permisos pertenecen en forma simultánea a varios sindicatos.
Los permisos beneficiaron a personal vinculado a los actuales 78 sindicatos de la entidad, los cuales se encuentran constituidos en su mayoría (85%) por personal del cuerpo de custodia y vigilancia, situación que afecta significativamente la seguridad de los establecimientos carcelarios, de acuerdo con las conclusiones de la Contraloría General de la República.
Según cifras que maneja el INPEC, a febrero de 2018, hay 3.650 funcionarios aforados, de los 8.640 afiliados a los sindicatos y la Federación Sindical.
Esta falta de disponibilidad de funcionarios para cumplir las actividades por las cuales se encuentran vinculados al INPEC, afecta también la integridad de las pocas unidades que deben velar por la seguridad de cientos de internos, señaló en su momento el organismo de control.
Además, la limitación de personal continúa afectando derechos de los internos, debido a la imposibilidad de cumplir remisiones médicas o judiciales, contrariando de esta forma estándares mínimos esbozados por la Corte Constitucional en sus fallos de Tutela.
Completa este panorama de insuficiencia de personal de custodia, la falta de provisión de 512 cargos, resultado de la diferencia entre la planta de personal uniformado autorizada (12.848) frente a la actualmente provista (12.336)
Otros resultados de diferentes actuaciones de control fiscal, tales como actuaciones especiales o atenciones de denuncia, han concluido que el déficit de personal de custodia y vigilancia también afecta la labor de seguimiento a las medidas de detención preventiva y penas privativas de la libertad extramurales, pues a pesar de los casos donde existe mecanismos de monitoreo tales como Vigilancia Electrónica (SVE), el reducido número de unidades de guardia destinados para estas labores, impiden una reacción oportuna en contra de los infractores.
Gestión y resultados desfavorables
En su última evaluación, la gestión y resultados del INPEC tuvieron calificación desfavorable por parte de la Contraloría, que a su vez emitió opinión con salvedades sobre sus estados financieros y no feneció su cuenta fiscal para la vigencia 2015.
Dicha auditoría estableció 33 hallazgos administrativos, de los cuales 6 tuvieron presunta connotación disciplinaria y motivaron el inicio de una indagación preliminar.
En la actualidad, la Contraloría viene adelantando una Auditoría de Cumplimiento al INPEC, en la cual se evaluará la actividad contractual de la entidad, y en especial a los contratos y convenios suscritos para atender actividades cuya responsabilidad radica en cabeza de otras entidades, con lo que se distraen recursos humanos, físicos y financieros programados para atender su misión institucional.
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