Colombia dio hoy un paso histórico hacia una transición energética con justicia social. El Ministerio del Trabajo presentó en Valledupar el modelo in
Colombia dio hoy un paso histórico hacia una transición energética con justicia social. El Ministerio del Trabajo presentó en Valledupar el modelo integral que garantizará la protección de las y los trabajadores durante los procesos de cierre de minas y descarbonización, articulando por primera vez un conjunto de instrumentos que convierten la transición energética en una política pública con enfoque laboral, de protección social y generación de nuevas oportunidades económicas.
El modelo presentado integra cuatro componentes que se complementan entre sí:
- El Decreto 0742 de 2026, que reglamenta el cierre de minas incorporando garantías laborales obligatorias.
- La Política Pública de Protección Laboral frente a los Procesos de Descarbonización y Transición Energética, desarrollada en el marco del artículo 58.
- Los Lineamientos Técnicos para el Desarrollo de Competencias Laborales para el Crecimiento Verde, establecidos en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 2466 de 2025.
- Y el Plan o Ruta Tipo de Reconversión Laboral, que convierte estos instrumentos en acciones concretas para acompañar a las y los trabajadores hacia nuevas alternativas de empleo y generación de ingresos.
«La transición energética no puede traducirse en desempleo ni en pérdida de derechos. Colombia está demostrando que sí es posible transformar el modelo productivo protegiendo a las y los trabajadores. El Decreto de Cierre de Minas, la Política Pública de Protección Laboral, los lineamientos para los empleos verdes y la reconversión laboral conforman un solo modelo para que ningún colombiano quede atrás en esta transformación», afirmó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.
Uno de los pilares de esta transformación es el Decreto 0742 de 2026, que por primera vez obliga a que todos los Planes de Cierre de Minas incorporen un componente laboral obligatorio. La norma exige la caracterización de los trabajadores afectados, el pago total de acreencias laborales y aportes a la seguridad social, exámenes médicos ocupacionales de egreso, prioridad de contratación cuando existan nuevos proyectos mineros, programas de reconversión laboral, concertación con las organizaciones sindicales e inspección permanente por parte del Ministerio del Trabajo durante todas las etapas del cierre. Además, crea el Paz y Salvo Laboral, requisito indispensable antes de autorizar el cierre definitivo de una operación minera.
Este nuevo marco normativo se complementa con la Política Pública de Protección Laboral frente a los Procesos de Descarbonización y Transición Energética, contemplada en el artículo 58, que permitirá anticipar los impactos sobre el empleo, implementar planes de protección laboral en las empresas, fortalecer la protección social, promover el diálogo social y coordinar la respuesta institucional frente a los cambios productivos que vive el país.
Asimismo, el Ministerio presentó los Lineamientos Técnicos para el Desarrollo de Competencias Laborales para el Crecimiento Verde, elaborados en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 2466 de 2025, que orientarán la formación del talento humano en áreas como economía circular, eficiencia energética, producción limpia, sostenibilidad y gestión ambiental, con enfoques territorial, campesino, étnico y de género.
La expresión práctica de estos tres instrumentos es la Ruta Tipo de Reconversión Laboral, diseñada para acompañar a las personas trabajadoras en la transición hacia nuevas actividades productivas. Sus primeros pilotos ya avanzan en minería artesanal y de pequeña escala y, en el departamento del Guainía, ya fueron vinculados voluntariamente los primeros 13 beneficiarios, experiencia que servirá de referencia para futuras intervenciones en todo el país.
La estrategia será implementada de manera articulada con el Servicio Público de Empleo, el SENA, el Ministerio de Minas y Energía y demás entidades del Estado para facilitar procesos de formación, certificación de competencias e inserción laboral, consolidando una respuesta integral frente a los desafíos de la transición energética.
Con este modelo, el Gobierno del Cambio consolida una política pública sin precedentes que convierte la transición energética en una oportunidad para proteger el empleo, garantizar los derechos laborales y abrir nuevas posibilidades de desarrollo para las comunidades de los territorios mineros. A partir de ahora, el cierre de una mina no significará únicamente el fin de una actividad económica, sino el inicio de un proceso de transformación con justicia laboral, diálogo social y oportunidades reales para las y los trabajadores.
