El actual alcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández, tres de sus antecesores y el actual presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodo
El actual alcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández, tres de sus antecesores y el actual presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araújo, fueron citados a indagatoria por la Fiscalía para que den explicaciones sobre el manejo que han dado a un lote en el que se levantó el parque de la Leyenda Vallenata.
Un fiscal de la unidad anticorrupción citó a los cuatro alcaldes a la diligencia judicial el próximo 15 de febrero con el fin de establecer su participación en la entrega y manejo del predio que era un bien público y que fue entregado a una fundación privada para la construcción de un escenario que alberga a 30.000 personas.
La investigación penal se inició, tal como lo reveló EL TIEMPO, por solicitud del procurador 147 Judicial de Bogotá, que cuestionó la legalidad de la entrega del lote de 23 hectáreas en el que se levanta el parque, donde anualmente se celebra el Festival Vallenato.
El caso fue asumido por un fiscal anticorrupción de Bogotá que revocó un acto inhibitorio y ordenó la práctica de cinco nuevas pruebas. Entre otras, que se verifique si el Municipio de Valledupar podía entregar el terreno para la obra.
La Procuraduría también presentó una acción popular en la que pide que se declare la nulidad de los Acuerdos 042, de agosto 10 de 1998; 007, del 3 de abril de 2000, y 010, del 15 de abril de 2000, en los que el Concejo de Valledupar autorizó la entrega del lote; y del convenio suscrito el 18 de mayo de 2000, entre el Municipio y la Fundación, que hizo efectiva la entrega del predio.
Para el Ministerio Público, el lote fue entregado desconociendo procedimientos y principios previstos en el Estatuto de
Contratación Pública.
La Procuraduría pidió concretamente la devolución del predio al Municipio de Valledupar y la entrega de los recursos que el Ministerio de Hacienda giró desde el año 2000 con destino al proyecto.
La Contraloría también solicitó el traslado del expediente de la Unidad Delegada del Cesar a Bogotá, con el fin de que se indaguen las presuntas irregularidades en el manejo de 11.000 millones de pesos de la Nación, asignados para el desarrollo del proyecto.
Fuente: Eltiempo.com
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