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Sin efecto nombramiento del Gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López, que afronta crisis económica

Un fallo del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar deja sin efecto el nombramiento de Alex Sandro Mindiola Romero, como gerente de

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Un fallo del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar deja sin efecto el nombramiento de Alex Sandro Mindiola Romero, como gerente del Hospital ‘Rosario Pumarejo de López’ de Valledupar.

La decisión en primera instancia se dio en respuesta a la acción de tutela interpuesta por el anterior gerente de la ESE, Rubén Sierra Rodríguez, quien pidió el amparo de sus derechos fundamentales vulnerados al debido proceso, igualdad, acceso a los cargos públicos y al principio de buena fe.

El despacho judicial ordenó a la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, entidad que se encargó de realizar el concurso de méritos para elegir al gerente de la ESE, que revise el puntaje de la hoja de vida de Alex Sandro Mindiola Romero y proceda a expedir una nueva calificación.

En la parte resolutiva, el fallo deja sin efecto el nombramiento de Mindiola Romero realizado mediante el decreto Nº 0302 del 17 de octubre de 2012.

Jaime Alfonso Castro Martínez, es el Juez Primero Administrativo de Valledupar.

Pagos atrasados

Una grave dificultad atraviesa el Hospital ‘Rosario Pumarejo de López’, con sede en Valledupar: Por lo menos 120 empleados reclaman que les sean pagados sus salarios desde abril.

La situación, según se conoció, se generó a raíz de fallas administrativas de ese centro asistencial y perjudica a empleados con cargos de enfermería, auxiliar de enfermería y bacteriología.

Los pagos dejados de girar representan los meses de abril, mayo, junio y algunos de julio, cada uno de los trabajadores con situaciones diferentes.

El abogado José Jaime Padilla Olivilla, representa al mencionado grupo de empleados, pero advierte que podrían ser más los involucrados en la situación, bajo la custodia de otro jurista.

Pero, para que les pueda ser reconocida la deuda, los trabajadores deben realizar una conciliación advertida por la misma gerencia del centro asistencial, ante la Procuraduría Delegada Para Asuntos Administrativos.

Luego de ese trámite ante el Ministerio Público, los empleados deben ‘legalizar’ la conciliación ante un juzgado administrativo, sin embargo ahí es donde está el punto de quiebre.

“Los juzgados no están reconociendo las conciliaciones ante la Procuraduría, porque dicen que los sueldos se deben pagar y listo”, explicó el abogado Padilla Olivella.

La solución a la crisis está en manos de la junta directiva del centro asistencial, de lo contrario las vías judiciales serían el camino expedito para un arreglo formal.

Fuentes Pilon.com vanguardiavalledupar.com

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