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Procuradura General solicita una pronta y cumplida justicia en el «caso Colmenares»

Teniendo en cuenta que el pasado 31 de julio la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura decidi ajustar y adoptar medidas de descon

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Teniendo en cuenta que el pasado 31 de julio la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura decidi ajustar y adoptar medidas de descongestin en la rama judicial suprimiendo a partir del 1 de agosto del presente ao todos los jueces adjuntos de las distintas jurisdicciones y especialidades, y creando, entre otros, para la ciudad de Bogot, dos juzgados de descongestin que asumirn la carga de los suprimidos, la Procuradura General de la Nacin solicit a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot que en atencin a los hechos que se juzgan, que tienen toda la connotacin e impacto social y que ameritan una respuesta oportuna del Estado, se diera prelacin en la designacin de los nuevos jueces de descongestin que venan conociendo de las actuaciones, como el del juzgado 11 Penal del Circuito Adjunto, en el que se tramita el proceso que investiga la muerte de Luis Andrs Colmenares (foto).

Para el procurador general de la Nacin, Alejandro Ordez Maldonado, esta solicitud se presenta sin perjuicio de la aplicacin de las polticas generales que en materia de descongestin tiene establecida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Vale la pena recordar que el proceso conocido como caso Colmenares, en el que se encuentran acusadas Laura Moreno y Jessy Quintero, se tiene programada para el prximo 14 de agosto la continuacin de la audiencia preparatoria, quedando pendiente nicamente la decisin sobre las pruebas solicitadas por las partes y las oposiciones a las mismas, adems de los eventuales recursos que pudieran interponerse contra las mismas.

Para el Ministerio Pblico, la terminacin de la medida de descongestin adoptada para el juzgado 11 Penal del Circuito Adjunto genera un traumatismo para la administracin de justicia, as como en los otros 305 procesos que all se tramitan en detrimento de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la justicia.

 

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