La Procuraduría Regional del Cesar destituyó e inhabilito por 12 años a la contralora de Valledupar, Mercedes Vásquez, por irregularidades en contratos de prest
La Procuraduría Regional del Cesar destituyó e inhabilito por 12 años a la contralora de Valledupar, Mercedes Vásquez, por irregularidades en contratos de prestación de servicios calificando las faltas disciplinarias de gravísimas.
El fallo de primera instancia fue apelado por el abogado Manuel Jerónimo Manjarres, al tiempo que la Contralora, en rueda de prensa defendió su actuación y consideró que el fallo “es un show mediático de la procuradora regional María Antonia Orozco Durán”.
Los hallazgos determinan que la Contralora firmó 14 contratos y entre los cuales contrata a tres abogados y un contador en el 2012 con pagos mayores a los valores establecidos por la norma.
Interpolitico.com, conoció que la contralora Mercedes Vásquez celebró los contratos de prestación de servicios profesionales números 010, 011, 027, 031, 033, 034, 035, 042 y 055, al parecer, sin el perfil exigido por la ley para ejecutarlos, debido a que no contaban con experiencia en las actividades de los contratos y menos aún, en control fiscal.
Algunos, incluso, eran recién egresados, contrariando el ordenamiento jurídico vigente en ese entonces: artículo 3.4.2.5.1. del decreto 734 de 2012 que exigía que los contratistas “hayan demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate…”
La Contralora no tuvo en cuenta que para ser contratado por entidades del estado, no basta acreditar el perfil o la formación académica, hay que probar acreditar la experiencia relacionada en cargos, procesos, actividades o tareas similares a las que requiere la entidad. Esta circunstancia debe ser certificada por el contratante para que se pueda suscribir el contrato. En esos contratos, la Contralora certificó que los contratistas eran idóneos sin que eso fuera cierto, lo cual puede costarle condenas penales por falsedad ideológica en documento público.
Por otra parte, parece que la Contraloría no hizo los estudios de mercado para determinar el valor de los honorarios, lo que la llevó a pagar valores diferentes sin ningún soporte; es decir, a unos contratistas les pagó menos que a otros que desarrollaron actividades similares.
Foto de El Pilón
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