La Procuraduría Regional del Cesar abrió investigación preliminar contra 15 de los 19 concejales de Valledupar y a un ex concejal, por las presuntas ir
La Procuraduría Regional del Cesar abrió investigación preliminar contra 15 de los 19 concejales de Valledupar y a un ex concejal, por las presuntas irregularidades en la aprobación del proyecto de valorización porque al parecer recibieron dádivas, incrementando su patrimonio económico.
Los investigados son los concejales: César Acuña, Jaime Bornacelly, Jorge Canales, Freddy Gámez, Jhon Gil, Gustavo Guerra, Fabián Hernández, Wilber Hinojosa, Pedro Manjarréz, Leonardo Maya, Ángel Montaño, Gabriel Muvdi, Walter Oñate, Yesit Triana, Fabiola Zuleta y el ex concejal Alejandro Rodríguez, éste último involucrado teniendo en cuenta que para la época en la que ocurrieron los hechos, fungía como concejal.
La denuncia fue presentada por Luis Carlos Ramírez, quien manifestó, “que con posteridad a la aprobación del acuerdo de valorización del municipio de Valledupar, para lo que se efectuaron serios debates en donde había una clara oposición al proyecto de acuerdo, de manera extraña, éste fue aprobado por una abrumadora mayoría de los miembros de dicha Corporación, con la coincidencia de que dichos cabildantes, registran un incremento patrimonial, al parecer, por darle voto favorable al mencionado acuerdo”.
Agrega que: «posiblemente, la aprobación del acuerdo de valorización no obedece a criterios o convicción de los concejales de hacer primar el interés general del municipio sobre el particular”.
El ente investigador también conoció que muchos concejales están estrenando carros y otros, haciendo cotizaciones para cambiar de modelo.
La Procuraduría Regional del Cesar dispuso adelantar indagación preliminar en contra de los concejales citados, con la finalidad de establecer la identidad de los mismos, verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si ésta es constitutiva de falta disciplinaria, o establecer si por el contrario, se había actuado bajo el amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Para la práctica de las pruebas decretadas por la Procuraduría Regional, se comisiona por un término de 30 días hábiles a Diana Patricia Colorado Congote, profesional universitaria Grado 17, adscrita a este despacho.
Entre otras, las pruebas que se practicarán son: solicitud de información relacionada con vinculaciones bancarias de los investigados y su grupo familiar, matrículas inmobiliarias de bienes inmuebles, transacciones bancarias ante diferentes instancias, lo mismo que se tendrá la oportunidad de escuchar en diligencia a los concejales Álvaro Rosado, Wisam Faraj y Augusto Ramírez Uhía, así como también a los investigados.
Recaudadas las pruebas, se solicitará apoyo técnico a la seccional Atlántico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación para que a través de apoyo técnico, determine si existió o no el incremento patrimonial denunciado.
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