La construcción participativa de la Política Integral Anticorrupción de Colombia, continúa este martes 6 de noviembre en la ciudad de Valledupar en el Hotel Tativan desde las 8:00 a.m. hasta la 01:00 p.m, con el concurso de las organizaciones ciudadanas, organismos de control, funcionarios públicos y agremiaciones comunitarias de la capital del Cesar.
La iniciativa participativa que le apuesta a diseñar una Política de Estado para luchar contra la corrupción en el país, es orientada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC).
La Consulta Pública en Valledupar será instalada por Rafael Merchán Alvarez, Asesor de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y Gabriel Turriago, coordinador Territorial del PNUD en esta región del caribe colombiano.
La moderación de los participantes, estará a cargo de Daly Tello y Jaime Torres, Asesores de Transparencia del PNUD, quienes realizarán la presentación de la agenda y la metodología basada en la contextualización, construcción de propuestas y plenaria de discusión de los grupos de trabajo.
La metodología aplicada en los talleres territoriales tiene el objeto de generar insumos que permitan construir una Política Nacional de Lucha contra la Corrupción y en particular, informar a la ciudadanía y recibir retroalimentación sobre la elaboración del CONPES Anticorrupción, conocer los principales riesgos de corrupción percibidos en la región, escuchar sugerencias y comentarios sobre la forma de enfrentar estos riesgos.
La corrupción, un fenómeno multifacético
Este proceso de participación, que ha sido realizado en cinco departamentos, ha permitido reafirmar que la corrupción es un fenómeno que no se comporta de la misma manera en todas las regiones, pues sus características son multifacéticas y multicausales. De igual manera, sus impactos sobre el desarrollo son demoledores pues exacerba la pobreza y desacelera el crecimiento económico, promueve el escalamiento de los conflictos y obstaculiza la consolidación de la paz, deslegitima los sistemas democráticos debilitando sus instituciones, fortalece las redes de crimen organizado, fomenta la violación de los Derechos Humanos y minimiza el efecto de la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo.
Bajo este marco situacional, su combate requiere del desarrollo de una Política de Estado que aborde las problemáticas desde una perspectiva integral. Conforme a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la estrategia implica necesariamente el concierto de todos los responsables a través del desarrollo de un gran acuerdo nacional de “cero tolerancia” frente a la corrupción.
Delly Patricia de la Rosa Tovar
Consultora de Comunicaciones e Incidencia Política
Área de Gobernabilidad Democrática
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD
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