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Más de 2 mil procesos judiciales contra la alcaldía de Santa Marta y condenas por 51.359 millones de pesos

El secretario jurídico de la alcaldía de Santa Marta Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso, informó que actualmente existen cerca de

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El secretario jurídico de la alcaldía de Santa Marta Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso, informó que actualmente existen cerca de 2015 procesos judiciales contra el distrito.

El funcionario agregó que una de las grandes preocupaciones que tiene el distrito, es que no cuenta con un control sobre los procesos  existentes en la ciudad de Santa Marta. Ante esto no hay datos que permitan establecer cuál es el riesgo jurídico de la actividad.

Igualmente no existe  un registro único de procesos como lo exige el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Apoyo Fiscal, DAF.
De igual forma Valdivieso Valdivieso, señaló que actualmente existen 51.359 millones de pesos en condenas judiciales y conciliaciones que en este momento debe el distrito de Santa Marta, además de las que ya están en el acuerdo de reestructuración de        pasivos.

“La falta de información complica el cálculo del riesgo jurídico de la actividad del distrito, por lo que esperamos implementar una estrategia la cual será incluida dentro del Plan de Desarrollo, con el fin de llegar a un registro único de los procesos judiciales” Expresó Byron Valdivieso, secretario jurídico.

La alcaldía de Santa Marta espera apoyarse en experiencias como Bogotá y Medellín para tener un registro único de todos los procesos que existen contra el distrito, además de una base de datos que le permita a la ciudad calcular cuál es el riesgo jurídico de los procesos.

Actualmente hay algunos despachos que han ordenado adelantar las liquidaciones y los pagos de prestaciones de entidades que están en el Fondo Cuentas del distrito, a pesar que existe un precedente de la Corte Constitucional el cual afirma que no se puede pagar, si no se ha liquidado la entidad.

Ante esto la administración distrital avanza en la búsqueda de unificar criterios para que no se trate de utilizar la acción de tutela y obligar a la ciudad a pagar antes de tiempo.
 

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