La lupa que la Procuraduría le puso a los contratos firmados en la administración del hoy suspendido alcalde de Bogotá Samuel Moreno, también está puesta en la
La lupa que la Procuraduría le puso a los contratos firmados en la administración del hoy suspendido alcalde de Bogotá Samuel Moreno, también está puesta en la actuación de otros 14 mandatarios locales y seis gobernadores del país.
Así lo revela un informe del Ministerio Público, conocido por EL TIEMPO, en el que se detallan los avances de 40 investigaciones disciplinarias, que fueron calificadas como «paradigmáticas» por su impacto social y económico. Los casos incluyen la actuación de 20 ex mandatarios seccionales y locales.
Las investigaciones son adelantadas directamente por el despacho del procurador, Alejandro Ordóñez, y hacen parte de una estrategia que diseñó hace tres años contra la corrupción. Con estos procesos, la Procuraduría busca brindar respuestas oportunas e imponer decisiones ejemplares ante las denuncias de los ciudadanos.
De acuerdo con el reporte, de los 14 alcaldes en ejercicio que tienen expedientes abiertos, seis son de ciudades capitales. En la lista aparecen el de Cali, Jorge Iván Ospina; el de Ibagué, Jesús María Botero; la de Cúcuta, María Eugenia Riascos; el de Santa Marta, Juan Pablo Díazgranados; el de Neiva, Héctor Aníbal Ramírez, y el de Barranquilla, Alejandro Char.
Las faltas disciplinarias investigadas están, en su mayoría, «asociadas a irregularidades en materia contractual», dice el reporte. Hay casos, como el del alcalde Ospina, quien es cuestionado en dos procesos por presuntas irregularidades al suscribir varios estudios para la construcción de 21 megaobras, por 8 mil millones de pesos.
Las investigaciones
El proceso que enfrenta el Alcalde de Barranquilla tiene que ver con una supuesta inhabilidad que tenía para firmar un contrato con la Dirección de Impuestos Nacionales (Dian), mientras que el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, responde por presuntamente omitir la supervisión en un contrato suscrito por el gerente de la Empresa de Licores.
Por actos similares son investigados los gobernadores del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier; San Andrés, Pedro Clavel Gallardo; de Boyacá, José Rozo Millán, y Quindío, Julio César López Espinosa.
La situación llevó al Procurador a proponer que se revise la elección de todos los mandatarios locales y seccionales. En particular, los costos de las campañas políticas.
En un foro convocado la semana pasada por Transparencia por Colombia, Ordóñez dijo que «a la elección de alcaldes y gobernadores hay que hacerle una reingeniería».
De otro lado, el informe indica que en lo corrido de este año han sido sancionados 164 alcaldes. La última decisión se produjo el pasado viernes contra el mandatario de Palmira, Raúl Márquez, quien estaba procesado por despedir sin autorización de las autoridades laborales a ocho funcionarios con fuero sindical.
También señala que la mayoría de los presuntos actos de corrupción investigados figuran entre las cinco faltas más sancionadas en el 2010 por el Ministerio Público, y que fueron la causa más frecuente de las sanciones a 823 alcaldes y ex alcaldes, lo mismo que a 63 gobernadores y ex gobernadores en los últimos tres años.
Por estos hechos, la Procuraduría ha destituido e inhabilitado en los últimos 12 meses a los gobernadores del Valle, Amazonas, Arauca, Bolívar, Casanare, Putumayo, Vaupés y Magdalena, y a la alcaldesa de Armenia, Ana María Arango. En el momento de la sanción, varios estaban suspendidos.
Reacciones
‘Actuaciones fueron claras’: gobernadores
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, dijo que ha actuado de manera correcta. El mandatario señaló que en su caso la Procuraduría cuestiona el haber delegado sus funciones. «En nuestras respuestas argumentamos por qué creemos que tenemos la potestad de haber hecho las cosas de esa manera», sostuvo.
El gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, señaló estar dispuesto a atender los requerimientos. Con relación a las últimos señalamientos -sobre supuestas fallas en la contratación de obras-, dijo que en estos casos «el gobernador de Antioquia no es el que contrata, lo hace la Secretaría de Infraestructura que ha dado toda la información y está totalmente blindada en la parte de contratación».
Alcalde Jorge Iván Ospina
El mandatario caleño dijo que ha hecho total claridad sobre transparencia de su actuación en los casos por los que es investigado y que, después de 16 años en los que Cali no adelanta proyectos por valorización, para algunos es más fácil entorpecer el desarrollo de la ciudad que construir una verdadera cultura tributaria.
Revisar financiación de campañas
Plantean otros mecanismos para atacar la corrupción
El Procurador Alejandro Ordóñez considera que, desde ahora, el Gobierno y el Congreso deben revisar el tema de la financiación de las campañas políticas de quienes aspiran a gobernaciones y alcaldías en el país.
La directora de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar, por su parte señala que las normas de control existen, «pero lo que se necesita son voluntad política y el compromiso de los partidos para que se cumplan».
El Jefe del Ministerio Público se refirió al tema en un reciente foro sobre corrupción, convocado por Transparencia por Colombia y afirmó que los altos costos de las campañas permiten que se compre a los alcaldes y a los gobernadores, «apoderándose del presupuesto y la actividad contractual subsiguiente, y esa coptación es otro escalón para la coptación de nuestro sistema jurídico y político».
Frente a esta propuesta, el senador Eduardo Enríquez Maya considera que, en este caso, los ciudadanos cuentan con un mecanismo muy efectivo para garantizar la transparencia de sus mandatarios: la revocatoria del mandato.
«Lo que hay es que promover la reforma de esta figura y hacerla real. Esa sería una sanción ejemplar», agregó el congresista.
Fuente: Eltiempo.com
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