Por instrucciones del Presidente, Iván Duque, el Gobierno Nacional radicó este martes, con mensaje de urgencia, el proyecto de ley que busca otorgarl
Por instrucciones del Presidente, Iván Duque, el Gobierno Nacional radicó este martes, con mensaje de urgencia, el proyecto de ley que busca otorgarles nacionalidad colombiana y el derecho a una familia a niños, niñas y adolescentes migrantes bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La iniciativa, que cuenta con la firma de todos los ministros, fue radicada en el Congreso de la República por el Ministro del Interior, Daniel Palacios; la Jefe de Gabinete, María Paula Correa, y la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF), Lina María Arbeláez.
En declaraciones, el Ministro del Interior explicó que “no solamente atendiendo lo que ha sido la visión de este Gobierno frente a la atención migratoria de los hermanos venezolanos sino también atendiendo los convenios que se tienen con diferentes organizaciones internacionales, como UNICEF, hemos radicado una iniciativa, con la firma de todos los ministros del gabinete”.
En este sentido, dijo que lo que “se busca es que el Congreso de la República haga ley para que los más de 1.200 niños que, en este momento, se encuentran en custodia del ICBF, que han sido abandonados, que no tienen familia, reciban la nacionalidad colombiana para que puedan tener acceso a todos los derechos, garantías y protección de la Constitución”.
En su explicación, el titular de la cartera aseguró que lo que se pretende con la iniciativa es que “bajo esa decisión, garantizar que estén en los hogares del ICBF con patria potestad, para poder garantizarles la protección y el ejercicio pleno de sus derechos”.
Por su parte, la Jefe de Gabinete de la Presidencia, María Paula Correa dijo que este proyecto reafirma el compromiso del Presidente Duque con el Estatuto Temporal de Protección de migrantes venezolanos y calificó como “un hecho histórico que responde al compromiso del Gobierno Nacional con la diáspora venezolana”, en la medida en que “niños, niñas y adolescentes, no acompañados en nuestro país, puedan ser reconocidos como colombianos, ejercer sus derechos y crecer dentro de una familia’.
La Directora del ICBF, Lina Arbeláez sostuvo que actualmente hay 1.200 niños y niñas migrantes que ya llevan más de 18 meses bajo la institucionalidad del ICBF y desafortunadamente no tienen ese derecho a una familia.
‘Este proyecto de ley busca enaltecer la preponderancia de sus derechos, lograr que tengan la nacionalidad y una tercera es el derecho a una familia mediante hogares sustitutos especiales para población migrante con la posibilidad de que estas familias tengan la patria potestad de los niños y niñas’, anotó.
El Ministro del Interior, entre tanto manifestó que el mensaje de urgencia que tiene el proyecto radica en “la situación que viven esos más de 1.200 niños que han sido abandonados; muchos de ellos llevan más de 18 meses en esa situación, algunos –inclusive– más de tres años que se encuentran en situación de abandono, que se encuentran en situación de desprotección”.
Palacios dijo que el proyecto reitera lo que ha sido “la política migratoria del Presidente Duque”, en la que se han beneficiado más de 1,8 millones de migrantes con el Estatuto de Protección Temporal, razón por la cual “lo que busca es atender a esta población infantil, que debe tener la protección del Estado y, por eso, les daremos la nacionalidad y podrán tener derecho a esos hogares del ICBF y tener la patria potestad para tener todos esos derechos”.
El Proyecto de Ley, en su artículo 12, se refiere a la creación de Hogares de Acogimiento y señala que la autoridad administrativa vinculará a los menores de edad migrantes bajo la protección del Estado obtengan la nacionalidad colombiana por adopción a hogares de acogimiento migrante, a quienes les delegará la representación y el cuidado personal permanente mientras se encuentren bajo el sistema de protección, teniendo en cuenta la imposibilidad de declararlos en adoptabilidad.
El ICBF reglamentará el funcionamiento y operación de esta modalidad. El Gobierno Nacional dispondrá de los recursos para su implementación dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de la ley.
