Gobernadores del Caribe se reh�san a continuar operaci�n del Programa de Alimentaci�n Escolar

Con firmeza requirieron al Ministerio para que retome la responsabilidad de contratar este servicio  y responder por su prestación, argumentando que este debe ser asumido como una Política de Estado. El motivo de la decisión unánime de los Gobernadores del Caribe se debe a la ‘desfinanciación’ del programa lo que ocasiona fallas en la prestación del servicio, también manifestaron que la minuta que se establece desde el gobierno nacional no corresponde con la realidad de las regiones lo que también genera dificultades en el suministro.  

El gobernador Francisco Ovalle Angarita, por  su parte, ratificó la decisión de sus colegas manifestando que el Ministerio de Educación debe establecer las rutas para entregarle los recursos que el departamento aporta para el programa. ”Que se nos diga donde entregamos o giramos nuestros aportes para que el Ministerio haga la contratación del operador directamente”, expresó. 

En carta que luego envió a la Ministra Gina Parody, informó sobre el riesgo en el que se encuentra el Cesar porque el operador contratado renunció y hasta el 28 de abril se prestará el servicio. Complica la situación el hecho de que la Nación no giró los recursos que le corresponden para cubrir el servicio en este territorio. En la misma comunicación oficializó la decisión acordada con sus homólogos, de dejar la contratación de la alimentación escolar al Ministerio, que puede hacerlo con base en el Decreto 1852 de 2.015.  

A la jornada realizada en la ciudad de Valledupar asistieron alcaldes de la región y representantes de los órganos de control, entre ellos la Procuradora Delegada de Infancia y Adolescencia, Ilba Miriam Hoyos, quien manifestó que el Programa de alimentación (PAE), tal como está, es ‘Insostenible’ y que hay que reevaluarlo y replantearlo desde un enfoque de derechos y no de coberturas. 

También intervino el Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amílkar Acosta , quien expresó que en esta prestación del servicio de alimentación escolar el Ministerio de Educación tiene importantes responsabilidades por haber delegado un programa totalmente desfinanciado, contrario a lo que establece la Constitución Política del Colombia en su artículo 356.