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Gobernación del Cesar ratifica su política de reivindicación a las víctimas en el Segundo Comité de Justicia Transicional de 2019

El gobernador encargado del Cesar, Federico Martínez Daza, presidió e instaló el Segundo Comité de Justicia Transicional d

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El gobernador encargado del Cesar, Federico Martínez Daza, presidió e instaló el Segundo Comité de Justicia Transicional del Cesar, dándole cumplimiento a la Ley de Víctimas y analizando la situación de las mismas en los diferentes municipios del departamento del Cesar.  El funcionario destacó las inversiones en materia de infraestructura, viviendas, temas ambientales y fortalecimiento para la reivindicación de las poblaciones víctimas, “entregamos 2.600 viviendas de interés prioritario para ahorradores, estamos construyendo 830 más a través del Programa Mi Casa Ya”, aseguró.

A pesar de algunas situaciones aisladas que alteran el orden público en los municipios del Cesar, el Gobernador Encargado entrega un parte satisfactorio después de evaluar y escuchar a Alcaldes y Fuerza Pública, “de acuerdo con los informes que nos suministran Ejército y Policía, se cumplen todas las condiciones en el Cesar para seguir brindándole la atención a las víctimas en cumplimiento a las políticas que en esta materia el Estado nos ha encomendado; todo esto, trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública”, aseguró.

Para el Asesor de Paz del Cesar y Secretario Técnico de los Comités de Justicia Transicional, la tarea se está haciendo si se tiene en cuenta que ya se realizó el primero de estos Comités en Aguachica y ya hay fecha para en el mes de octubre realizar un tercero; y como hecho destacable en presencia de toda la institucionalidad, el Procurador Agrario, Juan Carlos Calderón, hizo una denuncia importante a la que la Presidencia y Secretaría del Comité hará el seguimiento respectivo; “tomamos atenta nota de esta denuncia que es muy delicada al igual que la Procuraduría General; en ella se habla de sobrecostos en los precios de algunos elementos que hacen parte de unidades productivas; nosotros esperamos que sean los organismos de control y estamentos judiciales los que diriman y al final concluyan como es su obligación”, indicó Jesualdo Hernández Mieles.

El alcalde de Pelaya Eduerd Pérez aprovechó su asistencia a este Comité de Justicia Transicional para expresar su preocupación por el aumento acelerado en el número de víctimas y el cumplimiento de las sentencias, “estas sentencias nos arrojan un compromiso grande porque hay que estar atentos a la comida, el alojamiento de todas estas víctimas que son desplazadas; al igual que unas 20 familias que están siendo asistidas por el SNARIV pero que siguen preocupadas por el sitio que están ocupando y que corresponde a una invasión, pero me voy con un parte de tranquilidad porque el Director de la Unidad de Atención a Víctimas, Víctor Mosquera, me manifestó que se está trabajando en la consecución de otro predio”, dijo el Alcalde.

Este Segundo Comité de Justicia Transicional de 2019, arrojó varios compromisos adquiridos por las instituciones que con forman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas o SNARIV., entre los que se pueden destacar los siguientes: Programar con las entidades del SNARIV un Subcomité para presentar los programas de cierres en lo respectivo a las reparaciones colectivas de acuerdo a las políticas públicas de asistencia, atención, y reparación integral a las víctimas del departamento del Cesar; que la Unidad de Tierras del Magdalena Medio allegue las solicitudes de los procesos de restitución de tierras al Ejército y la Policía para revisar las apreciaciones de seguridad en los municipios de Río de Oro y González, y posteriormente a las evaluaciones de seguridad, realizar el respectivo acompañamiento.

Asimismo, que la Contraloría y la URT revise la ejecución de los proyectos que realice el operador del fondo de la Unidad de Tierras sobre los dos casos puntuales puestos en conocimiento por el Procurador de Tierras, Juan Carlos Calderón; revisar los casos puntuales sobre el municipio de pelaya sobre los predios 8 de Agosto y 6 de Mayo, para hacer la gestión ante el Gobierno Nacional para mediados o finales del mes de septiembre en la ciudad de Bogotá por parte de la UARIV y completar los 4 millones de subsidio de vivienda, asistencia y atención de la población desalojada del predio 8 de agosto; solicita el director de la Unidad de Atención a las Víctimas, Víctor Mosquera, que se realice un Comité de Justicia Transicional en el municipio de Curumaní, para tratar la problemática de la invasión en las Sabanas Comunales en el corregimiento de Santa Isabel.

Gestionar un punto de atención para la población víctima en el municipio de Chimichagua, dada la complejidad de su geografía y la lejanía con respecto a la capital; presentar propuesta ante la Asamblea del Cesar para avanzar en la Política Pública de asistencia, atención y reparación integral para robustecer los respectivos rubros y avanzar en más proyectos para beneficio de esta población, entre otros.

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