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Un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción le pidió al Juez 38 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, proferir sentencia condenatoria para la procesada Valerie Domínguez Tarud, como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación en calidad de tentativa en concurso con el delito de falsedad en documento privado.
La solicitud fue hecha en desarrollo del proceso que se adelanta por las irregularidades detectadas en la asignación de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro, AIS.
El fiscal a cargo del caso entregó 40 pruebas estipuladas entre las partes mediante las cuales pretende demostrar la responsabilidad de Domínguez en las mencionadas conductas punibles.
De acuerdo con lo sostenido por el citado funcionario judicial, para la ejecución del Convenio 052 de 2009 se hizo la Convocatoria 01 del mismo año a la que se presentó Domínguez Tarud con un proyecto soportado en la existencia de un predio desenglobado. Dicho predio correspondía a otro de propiedad de una industria agrícola a nombre de Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, para entonces compañero sentimental de la hoy acusada.
“El único propósito de este contrato de arrendamiento era incrementar el patrimonio de la empresa de propiedad de la familia Dávila Fernández de Soto, de la que hacía parte la ex reina Valerie Domínguez por tener vida marital con Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, desde junio de 2007, en la cual permaneció hasta que la Fiscalía resolvió formular imputación en su contra en febrero de 2011”, señaló el fiscal.
“Ella era consciente de que no era usuaria ni tenía la tenencia del predio”, concluyó el fiscal.
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