Bogotá, 27 de noviembre de 2017.- La compra de kilo de pechuga de pollo por $40 mil pesos, dentro de la ejecución de Programa
Bogotá, 27 de noviembre de 2017.- La compra de kilo de pechuga de pollo por $40 mil pesos, dentro de la ejecución de Programa de Alimentación Escolar (PAE), en Cartagena, durante el segundo semestre de 2016, se dio a través de la empresa Comercializadora La Nueva Esperanza, que en la Cámara de Comercio de esta ciudad registra como actividad principal el comercio al por menor de artículos de ferretería, pintura y productos de vidrio.
Según pudo establecer la Contraloría General de la República con la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN), “no aparecen reportes de declaraciones de IVA por el contribuyente Comercializadora La Nueva Esperanza SAS”.
Sin embargo, en la auditoría que realizó el organismo de control se verificó que en las facturas que presentó la empresa contratista (Consorcio Proescolares), entre ellas la de compra de pechuga por $40 mil, se deducía el valor del IVA.
Varios interrogantes se plantean también alrededor de la relación familiar de primer grado que habría entre el representante legal de la Comercializadora La Nueva Esperanza y el antiguo dueño de la empresa contratista consorciada.
En lo que es de competencia de la Contraloría General de la República, lo que no tiene duda es que se facturaron y pagaron alimentos con un exorbitante sobreprecio.
Y aún más, que el contratista presentó unos precios ante la fiducia respectiva y otros ante la administración distrital. Los primeros ajustados al mercado y los segundos con los sobreprecios que finalmente vino a detectar la auditoría realizada por la CGR.
Los hechos se resumen así:
Para el suministro del programa de alimentación escolar para el segundo semestre de 2016, se celebró el 5 de agosto del mismo año, el contrato No. 52 con el Consorcio Proescolares, por valor de $15.831 millones, con recursos de regalías.
Y el 26 de diciembre, se aprobaron vigencias futuras por valor de $7 mil millones 886 mil pesos, para ampliar el servicio contratado en 28 días calendario, con el mismo contratista.
Se evidencia en los documentos contractuales que para legalizar el anticipo, por valor de $4.749 millones, ante la fiduciaria Servitrust GNB Sudameris, en virtud de la fiducia de administración par garantizar la destinación de los recursos, el Consorcio Proescolares presentó facturas con los siguientes valores.
*Kilo de Pechuga a $7.000
*Kilo de Carne a $11.000
*Kilo de Carne molida a $10.000
*Y Kilo de Bofe a $9.000
Sin embargo, para legalizar los pagos ante el Distrito de Cartagena, el contratista soportó sus gastos en alimentos con facturas donde los valores anteriores se incrementaron ostensiblemente, así:
*El Kilo de Pechuga pasó de $7.000 a $40.000
*El Kilo de Carne pasó de $11.000 a $25.000
*El Kilo de Carne Molida pasó de $10.000 a $38.000
*Y el Kilo de Bofe de $9.000 a $15.000
Con las facturas presentadas al Distrito de Cartagena, el contratista indicó que invirtió entre otras, la suma de $2.539 millones en compra de alimentos para la elaboración de las raciones alimentarias. Situación que no fue debidamente verificada por el Distrito.
La fiducia tiene un contrato de administración para verificar la debida indebida inversión de los recursos públicos destinados al anticipo, razón que puede explicar porque el contratista le presentó facturas con valores ajustados al mercado, más no hizo lo mismo para soportar lo pagos realizados por el Distrito.
Las obligaciones que incumplió el Distrito de Cartagena
La Contraloría señaló que la administración distrital de Cartagena debía velar por el buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los lineamientos que regulan el Programa de Alimentación Escolar.
En este sentido, era obligación de dicha administración verificar el gasto que realizaba el contratista para soportar los pagos que se realizaran.
No se tuvieron en cuenta las observaciones de las Veedurías Ciudadanas
Varias Veedurías Ciudadanas de la ciudad alertaron durante el proceso licitatorio sobre señalamientos por irregularidades del proponente Consorcio Proescolares, que pese a ello, resultó favorecido con el contrato, sin que la Secretaria de Educación tuviera en cuenta dicha alerta.
Otra de las observaciones y alertas reiteradas de las veedurías fue que los requisitos exigidos eran tan restrictivos que limitaban el número de proponentes interesados y que pudieran cumplirlos, por lo cual solicitaron ampliarlos para que hubiera transparencia y una selección objetiva del contratista.
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