En respuesta a la mitigación de la pandemia del covid-19 y cuidado de la ciudadanía, el Gobierno Nacional, a través del Ministeri
En respuesta a la mitigación de la pandemia del covid-19 y cuidado de la ciudadanía, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, identificó desde el inicio de la propagación del virus unas poblaciones vulnerables, entre las que se encuentran población adulta mayor, habitantes de calle, mujeres víctimas de la violencia, grupos étnicos, población migrante y población con discapacidad.
De acuerdo con esta cartera, dichas poblaciones, dada su condición, tienen garantizada la atención en salud por parte de las EPS e IPS en todo el territorio nacional.
Para el caso de la población mayor, se priorizó la atención domiciliaria y la entrega de medicamentos al hogar, entre otras medidas, para cuidar la salud y vida de cerca de 3 millones de personas mayores de 70 años, como es el aislamiento preventivo hasta el 30 de mayo, el cierre de los centros vida y la cuarentena en los centros de larga estancia.
A estos se les suma las personas con condiciones crónicas de base o inmunosupresión por enfermedad o tratamiento, a quienes se les asegurará la atención ambulatoria durante la emergencia sanitaria por covid-19.
Serán las entidades territoriales: EPS, IPS públicas y privadas, las responsables para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento de esta población, según se estableció en la Resolución 521 de 2020.
“Con el establecimiento de estas medidas, la idea es asegurar unas condiciones que permitan a las poblaciones vulnerables un bienestar mínimo ante la compleja situación que afrontamos”, explicó Plinio Alejandro Bernal, Director de Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social.
Garantía en salud
“Para el Ministerio de Salud, la atención a la población vulnerable siempre ha sido una prioridad y ahora más en la emergencia sanitaria. Los lineamentos para adulto mayor, población con discapacidad, pueblos étnicos, habitantes de calle y población migrante están dispuestos en la página web del Ministerio y se han entregado a los referentes a nivel nacional. Esperamos que en adelante se sigan compartiendo por parte de todas las personas involucradas”, precisó Óscar Siza, Director de la Oficina de Promoción Social del MinSalud.
Para el caso de los habitantes de calle, que se estima son 32 mil y quienes se concentran en las principales ciudades del país, se tienen en cuenta acciones por parte de los entes territoriales, como identificación y monitoreo de las zonas de concentración, fortalecer las acciones de limpieza, desinfección y recolección de residuos, como también procurar albergues e identificar el aseguramiento en salud.
Un tercer grupo son las mujeres víctimas de la violencia, para lo cual se busca otorgar 14 mil millones de pesos a los departamentos y distritos para que estas mujeres y sus hijos puedan acceder a casas de paso/refugio, alimentación y transporte para que puedan mantenerse alejadas del victimario, según lo contemplado en la Resolución 595 de 2020.
Por su parte, los grupos étnicos, que suman alrededor de 5 millones de personas, tienen sus garantías en atención en salud, sumado a una serie de recomendaciones explicitas en la Circular Conjunta 15, en donde se les solicita permanecer en los territorios durante la cuarentena, restringir el ingreso de externos y otras medidas, como direccionar los casos sospechosos covid-19 a las EPS, IPS y secretarías de Salud.
Adicionalmente, la población migrante, alrededor de 1,1 millones de personas en situación migratoria irregular y en su mayoría de Venezuela, también cuenta con lineamientos como es la garantía del aseguramiento en salud y atención a urgencias para quienes están en condición irregular sin PEP, como también otras medidas que procuraran priorizar como albergues, vigilancia epidemiológica comunitaria y esfuerzos con organismos internacionales.
Por último, uno de los grupos vulnerables de mayor prioridad es la población con discapacidad, quienes tienen también garantizada la atención en salud por parte de las EPS e IPS, priorizando la atención domiciliaria para los pacientes crónicos e inmunodepresivos.
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