“Un negoción, un contrato sin el lleno de los requisitos, un enriquecimiento ilícito y un autogol a la administración del a
“Un negoción, un contrato sin el lleno de los requisitos, un enriquecimiento ilícito y un autogol a la administración del alcalde de Valledupar, Tuto Uhía”, fueron las conclusiones del debate de control político que realizó el Concejo sobre el contrato entre la Alcaldía y la empresa Lascano Morales e Hijos.
Los concejales de Valledupar, hicieron un debate de control político a la Administración Municipal, en cabeza de las sectoriales de Hacienda y Planeación.
Durante más de tres horas se debatió este tema para buscar explicaciones del contrato de dación de pago firmado por la Alcaldía de Valledupar y Lascano Morales e Hijos, en noviembre de 2016, en que el ente gubernamental debía descontar 993 millones de pesos por concepto de impuestos adeudados y al final, en vez de cobrar, terminó pagando cerca de 19 mil millones de pesos.
Jhon Jairo Díaz Carpio, uno de los concejales proponentes del debate, afirmó “aquí no hubo dación en pago como negocio singular, sino la adquisición sin el lleno de los requisitos de ley, en materia urbanística, y sin ninguna autorización por parte del Concejo”.
“Queda como experiencia una desprotección del estado que adquiere unos bienes sin hacer intervención social, política de habitad, infraestructura de servicios públicos, condiciones sociales para que la gente viva dignamente. Tiene que resolverse el dinero que dieron muchos de los habitantes del sector de Francisco Javier, que serían 1.200 millones de pesos” puntualizó Diaz Carpio.
Afirmó además: “ese discurso desenfocado del alcalde de Valledupar, terminó en los bolsillos de unos pocos, con 18 mil millones de pesos, recaudando impuestos violando la norma que prohíbe a terceros recaudar impuestos”.
Por su parte el concejal, Jorge Luis Arzuaga, quien es otro de los proponentes dijo que “hubo una afectación al patrimonio público de Valledupar. Mientras la sociedad Lascano Morales le debía al municipio 993 millones de pesos, Valledupar pasa de ser acreedor a ser deudor por casi 19.000 millones; esto es un hecho insolito, desmedido y lamentable”.
“No logramos entender, cómo le pudo caber en la cabeza al municipio, que estando en ley de quiebra 550 y que paga 50 mil millones de pesos a mediano plazo; pague en tres años casi 19.000, millones de pesos. A este caso había que hacerle un juicio político”, concluyó Arzuaga.
Los concejales Luis Cabello Donado (presidente); Álvaro Molina, Eduard Cujia, Ricardo Vives, Juan Pablo Castro, Pedro Loperena y Antonio Montaño, criticaron la actuación de la alcaldía de Valledupar en este contracto que se convierte en una afectación al patrimonio de todos los vallenatos.
A su turno, el secretario de Hacienda municipal, Saúl Martínez, dijo “hemos dado las explicaciones necesarias y ya serán los órganos de control que tomarán las decisiones respectivas; estamos prestos en todo tiempo a brindar lo que ellos necesiten”.
El Contralor municipal, Edwin Girón, puntualizó que “estamos avanzando en la investigación y nada se ha archivado”.
Por esta situación la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el alcalde de Valledupar.
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