Antonio Sanguino pide que se escuche a los ciudadanos que exigen intervención del hospital Rosario Pumarejo  de Valledupar

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Antonio Sanguino pide que se escuche a los ciudadanos que exigen intervención del hospital Rosario Pumarejo de Valledupar

Debido a la inestabilidad en el manejo del Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar, que acarrea deudas con el cuerpo médico y trabajadores del hospit

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Debido a la inestabilidad en el manejo del Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar, que acarrea deudas con el cuerpo médico y trabajadores del hospital, el senador Antonio Sanguino, radicó ante Superintendencia Nacional de Salud, coadyuvancia a la iniciativa ciudadana de recolección de firmas que pide que el Hospital Rosario Pumarejo de López sea intervenido forzosamente por sus malos manejos, que lo tienen al borde de cerrar sus puertas en tiempos de pandemia.

“Ante este clamor de la ciudadanía y teniendo en cuenta la difícil situación administrativa financiera y asistencial del Hospital, procedo a radicar este escrito con el fin de coadyuvar la petición de intervención forzosa administrativa para administrar la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López,” enfatizó Sanguino.

Para el congresista, la Superintendencia cuenta con información suficiente para decretar la medida que piden los ciudadanos. “Teniendo en cuenta que la Supersalud realizó una auditoría en las instalaciones del hospital entre el 28 de julio y el 1 de agosto de 2020, encontrando noventa y seis (96) fallas de índole administrativo, financiero y asistencial, nos da la razón junto a la ciudadanía para pedir una intervención urgente por parte del Supersalud, Fabio Aristizábal,” señaló Sanguino.

En la misiva enviada por Sanguino, se exponen varias razones que sustentan la necesidad de la medida. También, recordó al Superintendente Fabio Aristizábal que la problemática del centro hospitalario es conocida en detalle por la Supersalud y exhortó al funcionario para que estudie de fondo la petición firmada por más de diez mil cesarences.

Actualmente la entidad se quedó sin vigilancia privada hasta el punto, que los empleados meten sus vehículos a las salas de observación y urgencias. A los trabajadores les deben más de 15 meses por más de 50 mil millones de pesos.