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Ante denuncias de corrupción por parte de Contralor del Cesar Auditoría General desplaza grupo especial a Valledupar

El Auditor General de la República, Jaime Ardila Barrera, ordenó de manera urgente activar un grupo de reacción inmediata del Nivel Central, para que se des

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El Auditor General de la República, Jaime Ardila Barrera, ordenó de manera urgente activar un grupo de reacción inmediata del Nivel Central, para que se desplace a la ciudad de Valledupar a indagar preliminarmente las denuncias remitidas a su despacho en las últimas horas y que dan cuenta de una presunta corrupción por parte del Contralor Departamental del Cesar, Gustavo Aguilar Valle.

Los hechos, denunciados por el exfuncionario de la contraloría Carlos Alberto Pallares Buelvas y quien fuera declarado insubsistente, se refieren a situaciones dadas durante procesos auditores en el tema de contratación y controversias judiciales que se llevaron a cabo en el municipio de Pelaya y que le correspondió adelantar al funcionario.

“En el trabajo de campo se encontraron una serie de irregularidades que una vez se fueron evidenciando, el señor Alcalde del municipio de Pelaya, Cesar, inició una serie de comunicaciones con el señor Contralor, Doctor Gustavo Aguilar Valle, quien comunicó que suspendería la auditoría o por lo menos la línea de contratación”, explica el denunciante.

Igualmente, en esta investigación especial que adelantará la Auditoría General de la República, se verificarán 12 hallazgos de tipo penal y 15 disciplinarios que no fueron configurados y que ponen en riesgo recursos del municipio de San Martín por 4 mil millones de pesos. Así mismo, un presunto detrimento patrimonial por a una cifra de 150 millones de pesos.

Para el Auditor General de la República, Jaime Ardila Barrera, los hechos denunciados son graves e informó que entregó instrucciones precisas a los auditores para que en pocos días se tengan resultados de las investigaciones que se adelanten.

“No podemos permitir que se ponga en entredicho el control fiscal y si estos hechos se verifican, deben aplicarse todas las acciones de tipo penal, fiscal y disciplinario a que haya lugar, respetando obviamente el debido proceso y esclareciendo objetivamente los hechos”, precisó Ardila Barrera.

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