La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal, por un detrimento patrimonial de $2.914 millones de pesos,
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal, por un detrimento patrimonial de $2.914 millones de pesos, contra el senador electo y exalcalde de La Jagua de Ibirico (Cesar), Didier Lobo Chinchilla, por los elevados sobrecostos que pagó su administración en un contrato de alimentos de diciembre de 2012 suscrito con la firma Unión Temporal Servicios Nutricionales y financiado con recursos de regalías.
Por el mismo hecho, los sobrecostos que se dieron al adquirir víveres como harina, lenteja, frijol, pasta, aceite, azúcar y leche, la CGR también imputó responsabilidad fiscal, contra la Secretaria de Salud Municipal de la época, Cenith Echavez Ospino, y los integrantes de esa empresa contratista: la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano –GERS, Industrias Alimentos y Cathering Catalinsa S.A.S. y Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda Fundalimentos.
Y por defectos de calidad de los productos adquiridos, se profirió imputación en cuantía de $1.462 millones en contra de la citada exfuncionaria, en su calidad de supervisora del contrato, los integrantes de la firma contratista antes mencionados y los socios del interventor (Unión Temporal Interventores Asociados EAG): Interventoría Social SAS, Fundación Mujeres de Éxito para el Progreso y Desarrollo de la Comunidad “Muexitos” y Fundación para el Desarrollo Tecnológico y Humano de Nuestra Comunidad “Vida”.
La decisión fue proferida por la Contralora Delegada Intersectorial No 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, mediante auto de imputación No. 787 del 6 de junio de 2018, en cuantía que en total asciende a $4.377 millones.
Deficiente estudio de mercado
Las irregularidades que dieron lugar al proceso de responsabilidad fiscal en el cual se produjo esta imputación fueron determinadas inicialmente en una auditoría realizada por la CGR, donde se revisó la ejecución de un contrato del 3 de diciembre de 2012, que suscribió el municipio de La Jagua de Ibirico con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios por valor de $15.295 millones.
El objeto de dicho contrato era el suministro durante 18 meses de paquetes nutricionales para la recuperación de niños y niñas desnutridos y/o en riesgo de desnutrición y de madres gestantes o lactantes, en este municipio.
Los Sobrecostos en la ejecución del contrato se dieron como consecuencia de que el Municipio de la Jagua de Ibirico realizó un estudio de mercado deficiente, que sólo tuvo en cuenta los precios ofertados por las grandes superficies sin tener en cuenta los valores de los demás agentes del mercado (pequeños intermediarios y graneros).
Como consecuencia de lo anterior, la administración no determinó en debida forma los precios promedio reales del mercado, y pagó de más por productos como: harina de maíz, lenteja, fríjol rojo, espagueti, fideos, arroz blanco, aceite vegetal, alimento infantil fortificado, leche entera, atún, avena instantánea y en hojuelas, suplemento multivitamínico, complemento de panadería, azúcar, malteada instantánea, chocolate y sal.
Productos de deficiente calidad
De otra parte, en relación con las deficiencias en la calidad de los productos se entregó margarina, aun cuando de conformidad con la ficha técnica establecida por el municipio se había solicitado mantequilla. De igual forma, la avena instantánea que se entregó no cumplía con la norma técnica nacional establecida.
Estas irregularidades no fueron advertidas por el contratista, ni por el interventor ni por el supervisor y llevaron a que se entregaran productos que no cumplían con la calidad exigida, lo que también generó un daño al patrimonio del Estado.
Todas las situaciones descritas son muy graves, si se tiene en cuenta que lo que se pretendía era mejorar las condiciones nutricionales de la población vulnerable de la zona.
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