Congresistas del Partido Liberal colombiano pidieron a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar al ex presidente Álvaro U
Congresistas del Partido Liberal colombiano pidieron a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar al ex presidente Álvaro Uribe por su responsabilidad en el escándalo de espionaje ilegal que envolvió a su gobierno.
Según miembros de la bancada liberal, la Comisión ya debió iniciar dicha investigación ante las nuevas revelaciones y declaraciones en torno al caso, considerado uno de los peores escándalos en la historia institucional del país.
Al respecto el senador Luis Fernando Velasco, calificó como graves las declaraciones de Uribe cuando expresó que asume responsabilidades políticas y jurídicas por las actuaciones de quien fuera su secretario general, Bernardo Moreno.
Moreno, junto con ocho ex funcionarios, fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación con inhabilitación para ejercer cargos públicos por estar implicados en labores de espionaje ilegal contra políticos, magistrados, opositores, periodistas y activistas de derechos humanos.
«Si los colaboradores inmediatos hicieron eso, el presidente lo sabía, o acaso fue a sus espaldas», subrayó.
Yo creo con todo respeto que la Comisión de Acusaciones se ha demorado para iniciar de oficio una investigación que el país esta reclamando y que el presidente Uribe reconoce que hay que hacer, agregó.
Por otra parte la senadora liberal Piedad Córdoba afirmó en el Congreso que el ex presidente sí sabía de todo lo relacionado con las labores de espionaje ilegal que se estaban realizando desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta).
Para Córdoba -quien fue víctima de seguimiento por parte del DAS- resulta imposible que los subalternos de Uribe hubieran llevado a cabo actividades ilegales sin su consentimiento.
Asimismo, refirió que llevará ante la Corte Suprema de Justicia a los ex funcionarios sancionados, porque ellos fueron los que le realizaron las interceptaciones telefónicas ilegales que le originaron la destitución e inhabilidad por parte de la Procuraduría por 18 años para ejercer cargos públicos.
En la actualidad el DAS, ente subordinado directamente a Presidencia, continúa en medio de una fuerte polémica tras revelarse a principios de 2009 que realizaba labores de espionaje ilegal.
Magistrados, políticos, ex funcionarios públicos, opositores, periodistas, activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales fueron objeto de vigilancia por parte del organismo de inteligencia.
Desde entonces se multiplicó a la controversia sobre los propósitos que se perseguían para cometer tales ilegalidades.
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