Colombia ha librado una dura batalla institucional en las últimas décadas para reformar las costumbres políticas y depurar la política de factores exte
Colombia ha librado una dura batalla institucional en las últimas décadas para reformar las costumbres políticas y depurar la política de factores externos que la perturben o influyan nocivamente en su ejercicio.
Desde la sangrienta época de Pablo Escobar que arrodilló al país para lograr la aprobación en el Congreso de la no extradición de colombianos, pasando por el proceso 8000 de ingrata recordación que evidenció la perversa influencia del Cartel de Cali en la clase política, hasta la más reciente criminal alianza de grupos armados ilegales con políticos regionales y nacionales que ha dejado más de tres decenas de ex congresistas y ex mandatarios locales condenados.
Sin embargo, el poder de la corrupción en política pareciera no tener contención. Si se cierra una puerta, la corrupción audazmente se cuela por otra. Prácticas delictivas como el trasteo electoral, el constreñimiento al elector y la corrupción al sufragante se siguen cometiendo a lo largo y ancho de la geografía nacional.
No obstante, lo que está pasando en el Cesar de cara a las elecciones de octubre parece haber desbordado todos los límites. La campaña de Cielo Gnecco de Monsalvo -que más parece la candidata que su hijo- está comprando todo lo que encuentra a su paso: candidatos a alcaldía, al concejo y a asamblea. No hay acuerdos programáticos sino simple y llanamente alianzas mercantilistas.
Dos ejemplos concretos ilustran tal situación: Tuto Uhía, candidato a la Alcaldía de Valledupar por Cambio Radical, antes de definir su fórmula a la gobernación, se reunió por separado con los tres candidatos más opcionados: Ruben Darío Carrillo, Arturo Calderón y Luis Monsalvo Gnecco. No habló de programas de gobierno, sino que planteó de manera abierta que su campaña a la Alcaldía costaba entre 1200 a 1400 millones de pesos y que se uniría a aquel candidato que le ayudara a financiarla. Carrillo y Calderón rechazaron tal propuesta. Monsalvo la aceptó y selló el acuerdo basado en el compromiso de entregarle una altísima suma de dinero para asegurar su respaldo político.
De otra parte, Alfredo Vega, el candidato con mayor opción a la Alcaldía de Aguachica, en un arrebato de moralidad, vino a Valledupar a devolver los 100 millones de pesos que la campaña de Monsalvo le había entregado porque consideraba que ni él ni su equipo de trabajo comulgaban con la forma de hacer política de dicha campaña. No se los recibieron. Le dieron 100 millones de pesos más en efectivo y un cheque por 200 millones de pesos para que permaneciera al lado de Monsalvo.
Los anteriores casos son sólo apenas la punta del iceberg de lo que está pasando en el Cesar, a la vista de todos y, especialmente de las autoridades electorales y penales que han sido omisivas al respecto. En efecto, en el departamento hemos pasado rápidamente de la tiranía de los fusiles a la tiranía del dinero que todo lo compra y en el que, según la campaña de Monsalvo, todos tenemos un precio.
El pueblo del Cesar no puede volver a equivocarse. Cuando una sociedad permite que el ejercicio de la política se construya sobre la base de alianzas mercantilistas está sembrando la semilla de la corrupción en las futuras administraciones públicas. Empero, pese a todo su dinero, en su última aspiración a un cargo de elección popular, Luis Alberto Monsalvo mordió el polvo de la derrota, lo que demostró en aquella ocasión que el pueblo del Cesar ni se vende ni se compra. Esperemos que en esta ocasión los cesarenses vuelvan a ser superiores a quienes pretenden someterlos con la opulencia del dinero.
EDITORIAL DE RADIO GUATAPURI
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