El Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar revocó la providencia mediante la cual el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar im
El Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar revocó la providencia mediante la cual el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar impuso al gobernador Cristian Moreno Panezo una sanción consistente al pago de 10 salarios mínimos legales mensuales.
La sanción era por un presunto desacato al no cumplir una acción popular donde se le exigía al Departamento pagar unos excedentes de facturación correspondientes al Hospital “Rosario Pumarejo de López”.
En la resolución expedida por el Tribunal se concluyó que no se encontró una actitud evasiva, ni caprichosa o negligente por parte del Mandatario Departamental en cumplimiento del fallo aludido, así mismo señaló que el Juzgado violó el derecho a la defensa y a la garantía al debido proceso, cuando omitió notificarle la apertura del incidente de desacato que concluyó con la sanción anotada.
De acuerdo a Manuel Jerónimo Manjarrés, el Tribunal acogió la tesis del Gobernador del Cesar en cuanto a que no podía exigírsele la responsabilidad a pagar un servicio que no había sido liquidado y por tanto determinado, dado que la acción popular condicionaba a que el Hospital presentara las facturas desde los años 2003 al 2006 para ser auditadas y a la fecha no ocurrió.
El principio del incidente de desacato data de una acción popular donde se le exige al Departamento pagar todos los excedentes de facturación desde los años 2003 al 2006, lo que traía consigo el reconocimiento de un incentivo económico del 15 por ciento para el accionante y por lo cual el Juzgado ordenó el pago. Se aspiraba a que la Gobernación pagara 23 mil millones de pesos, correspondiéndole un incentivo al accionante de tres mil millones de pesos.
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