La Representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela Robledo, puso a consideración de la ciudadanía y de la Bancada Verde un documento de análisis sobre
La Representante a la Cámara por el Partido Verde, Ángela Robledo, puso a consideración de la ciudadanía y de la Bancada Verde un documento de análisis sobre los alcances e implicaciones de algunos de los decretos de emergencia que el Congreso discutirá a partir de hoy. “En su decisión de respaldar la declaratoria de emergencia prevaleció un clima de inconveniente unanimismo en el Congreso que dejó por fuera del debate la responsabilidad que tienen el gobierno y sus instituciones en la tragedia”, apuntó.
La congresista verde recoge diversas voces de expertos que aseguran que la situación de emergencia que vive el país estaba más que anunciada y que obedece más bien a errores sistemáticos de diseño, planeación y ejecución. “(…) esta tragedia es el resultado de fallas institucionales, de previsión, de corrupción y ausencia de criterios técnicos. Muy probablemente sea un fenómeno que refleja un descuido inadmisible estructural y no un hecho sobreviniente coyuntural. Hay que apagar este incendio, pero preocupa que por el afán de apagarlo los errores estructurales que causaron dicha tragedia se mantengan ¿Cuáles son las condiciones económicas, culturales y sociales que permitirán a las familias reconstruir sus proyectos de vida digna? ¿Con qué criterios se hará? ¿Cómo se va a controlar el uso de los recursos públicos destinados a atender la emergencia? ¿Las obras de infraestructura, qué criterios técnicos y de sostenibilidad ambiental van a tener?”
“Fue la catástrofe invernal una situación imprevisible de origen natural; o, por el contrario, constituye tan solo el resultado de la confluencia de diversos factores, muchos de los cuales tienen origen en acciones y omisiones humanas, incluyendo graves fallas de diseño y gestión institucional del Estado que obligan a replantearse a fondo el modelo de ocupación del territorio; de explotación económica de los recursos naturales; de protección y recuperación del medio-ambiente; de desarrollo armónico y sostenible de las comunidades humanas que constituyen el vasto caleidoscopio de la nación colombiana, tan diversa en lo geográfico, en lo económico, en lo político, lo social y lo cultural”, es el análisis que propone la Representante.
Robledo, basada en la información oficial, cita las cifras que deja la emergencia invernal (337.513 familias, 1614.676 personas) son muy graves si se tiene en cuenta que quienes viven con mayor intensidad la catástrofe son las familias más pobres (lo que Luis Jorge Garay llama la nueva victimización), en situación de desplazamiento y que habitan en las zonas más deprimidas y aisladas de las ciudades y del campo: 2.049 viviendas destruidas, 275.569 viviendas averiadas en 654 municipios de Colombia. La afectación de 52.735 predios, 220.000 hectáreas dedicadas a agricultura.
“Los daños del inverno no son por culpa de los aguaceros sino de la falta de control del suelo urbano, la negligencia en el manejo del agua, la especulación abusiva con el valor de la tierra y la pobreza e inconsciencia de la mayoría de los ciudadanos. El invierno no es responsable de la tragedia, el Estado es el principal responsable (Carmenza Saldías http://bit.ly/fDlTxx)”.
“La culpa no es de la naturaleza; la terrible realidad que estamos viviendo hoy se debe a la incompetencia (…) no es sólo que no aprendamos de los errores, sino que somos incapaces de construir sobre lo construido; destruimos cada vez más las instituciones y borramos su memoria, porque al gobierno de turno, al ministro de turno, el director de turno, o a cualquier burócrata de turno, se le ocurre que la mejor muestra de su gestión es borrar todo lo hecho por sus antecesores (Darío Londoño Gómez (http://bit.ly/gmay7u)”
En últimas –dice Robledo- la pregunta de fondo que está detrás es “¿Cuál es el modelo de desarrollo que se va a generar de tal manera que garantice una sociedad y un ambiente sostenible? ¿Un modelo basado en la explotación minera no afecta gravemente los recursos ambientales y puede seguir ahondando las fallas que causaron esta tragedia? ¿Por qué las principales víctimas son ciudadan@s pobres rurales de este país que viven en zonas de invasión, “trepadas” de manera inimaginable en las lomas y en condiciones geográficas, económicas y de infraestructura miserables? ¿No es ésta una oportunidad para combatir ese 46% de pobreza y dejar atrás el liderazgo mundial en desigualdad que hoy tenemos?”
La Representante verde llama la atención sobre el informe que presentó este fin de semana la Procuraduría General de la Nación y que da cuenta que “miles de damnificados en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre, sobreviven sin agua potable, hacinados, con problemas de salud, en cambuches, con serios problemas de convivencia que incluso han desencadenado en situaciones de violencia, y en ambientes afectados por el manejo inadecuado de basuras”. Advierte la Procuraduría que “las niñas y los niños enfrentan una doble vulneración de sus derechos porque además de padecer las consecuencias del invierno, no tienen la posibilidad de continuar con su proceso educativo”.
Mientras el Congreso se margina de una profunda deliberación frente a los retos de la emergencia invernal por la actuación arrasadora de la Unidad Nacional, el gobierno tiene ahora en los bolsillos 403 mil millones de pesos y varios cheques en blanco para ejecutarlos. ¿Será que esa gerencia de racionalidad eminentemente bancaria que atenderá la emergencia reconocerá en los llamados damnificados su condición de sujetos sociales y su capacidad para reorientar el rumbo de un modelo agroindustrial y depredador? ¿Quiénes terminarán siendo los verdaderos beneficiados con esta tragedia?
INFORMACIÓN
MARGARITA SARMIENTO
ASESORA DE PRENSA
3202343806
Email: msarmientoo@gmail.com
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