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La Representante a la Cámara Ángela Robledo, se opone rotundamente a la aprobación de la reforma a la salud que se debatirá hoy en la plenaria de la Cámara, tras considerar que la propuesta mantiene el espíritu empresarial de lucro y ganancia, contario a lo establecido en la Constitución Política de Colombia, que consagra la salud como un servicio público de responsabilidad estatal y bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
La parlamentaria aseguró que la propuesta presentada por el Gobierno Santos no cambia sustancialmente el modelo actual que considera la salud como un negocio que depende de la capacidad de pago y no como un derecho fundamental.
“El modelo de salud propuesto por el Gobierno Santos insiste en apostarle a la salud según la capacidad de pago de las personas, quienes tienen más podrán pagar un mejor servicio de salud, quienes tienen menos pues accederán en la medida de sus recursos y quienes no tienen dinero “gozarán” de mínimos en salud”, dijo Ángela Robledo.
En constancia radicada hoy en la Cámara de Representantes, Angela Robledo explicó que se continuará la intermediación financiera, es decir, el sistema se sostendrá en empresas privadas (EPS, ARS, ARP, Gestoras o como se quieran nombrar) que manejarán los recursos públicos de la salud para obtener ganancias, más no para garantizar derechos.
“No les corresponde a las empresas privadas garantizar los derechos. Esa es una obligación del Estado”, subrayó la Representante Ángela Robledo.
Con el agravante que estas “empresas de la salud” han utilizado los recursos públicos no sólo para enriquecerse de manera ilegal, sino que quebraron el sistema. El desfalco por recobros en los últimos años ha sido de 4,5 billones de pesos y la cuenta por la corrupción en la salud asciende a unos 12 billones de pesos, aseguró la parlamentaria.
“Hace muy poco conocí el caso Juan Manuel Lermus Aguirre, un pequeño de 5 añitos que murió de leucemia en el Chocó porque la tutela no salió a tiempo. A ese mecanismo acuden muchos colombianos: Una de cada cuatro tutelas es para garantizar el servicio a la salud (23%) y casi el 70% (67,81%) son por servicios incluidos en el POS. (Fuente: Defensoría del Pueblo, 2012).
En el mes de abril, la representante Ángela Robledo pidió a todos los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara que explicaran e hicieran explícitos los conflictos de intereses, inhabilidades e impedimentos que pudieran tener para debatir las reformas al sistema de salud. “Llamé la atención porque hace poco más de dos años, observo los continuos señalamientos de los órganos de control y los medios de comunicación a los integrantes de la Comisión Séptima, por posibles irregularidades penales en el control de los recursos públicos de la salud y participación indebida en la celebración de contratos o cohechos”, anotó la congresista.
Ángela Robledo ha venido trabajando con un grupo de organizaciones sociales, en particular con la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud (ANSA) y otros congresistas para proponer un modelo público y descentralizado de salud en donde se reconozca la salud como un derecho fundamental: “Nosotros estamos proponiendo acabar con el modelo perverso de la Ley 100 de 1993; eliminar las EPS o las aseguradoras privadas que terminan siendo lo mismo, y considerar como lo plantea Mario Hernández, los determinantes de la salud: agua potable, alimentación sana y suficiente, ambiente sano, trabajo saludable, vivienda digna y participación social, así como la atención integral de la enfermedad cuando se requiera con necesidad y sin obstáculo alguno”, aseguró Angela Robledo.
PRENSA: 3202343806/ MARGARITA SARMIENTO
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