La Contraloría General de la República determinó 2 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un total de $7.019 millones de pesos, por manifiestas irreg
La Contraloría General de la República determinó 2 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un total de $7.019 millones de pesos, por manifiestas irregularidades en la construcción de 1.010 viviendas para población pobre y vulnerable, desplazados y víctimas de la violencia del municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar.
Se trata de dos proyectos, financiados con más de $54 mil millones de pesos del antiguo sistema de regalías, que presentan graves problemas de vulnerabilidad estructural y sísmica.
Así mismo, el organismo de control tiene aperturado e imputado al actual Alcalde de La Jagua de Ibirico un proceso de responsabilidad fiscal verbal por $1.238 millones de pesos por un problema similar (vulnerabilidad estructural) detectado en un contrato del 2012 que suscribió el municipio de La Jagua de Ibirico para el mejoramiento de 290 viviendas de familias pobres y vulnerables del sector urbano.
Obra con problemas estructurales recibida a satisfacción
El primer contrato cuestionado es el número 327 de 2012, suscrito por el municipio de La Jagua de Ibirico con el Consorcio Vivienda para Todos, con el objeto de efectuar la construcción de 328 viviendas para población pobre y vulnerable, para lo cual se asignó un presupuesto de $19.986 millones.
En este caso, la Contraloría General de la República determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por valor de $5.375 millones.
La CGR evidenció una serie de falencias de carácter técnico y constructivo en la obra. Igual, deficiencias en los elementos estructurales construidos, tanto en cimentación como en vigas y columnas.
La obra fue recibida a satisfacción por la administración municipal, sin evidenciar la vulnerabilidad estructural de la misma y su mala calidad.
Las viviendas de interés social construidas presentan agrietamientos en su estructura, entre otras causas por debilidades del estudio de suelos y del diseño a flexión, insuficiencia de acero de refuerzo y/o inadecuada ubicación, lo mismo que procedimientos constructivos no adecuados.
Se presentan agrietamientos a nivel de cimentación, vigas, columnas y manposteria.
Se evidencia que fueron deficientes la labor de la interventoría y la supervisión técnica a cargo del municipio de La Jagua de Ibirico, conceptuó el organismo de control.
Consideró que se han colocado en riesgo los recursos hasta ahora invertidos en este proyecto, ya que la obra construida no cumple con el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, lo que genera vulnerabilidad sísmica y estructural.
Aparte de no contar con un diseño técnico en los términos establecidos en la norma, el proyecto no contó con licencia de construcción de acuerdo a lo señalado en el Decreto 564 de 2006.
También, al parecer las viviendas de este proyecto se construyeron con base en unos planos estructurales y arquitectónicos que no cumplen con los requerimientos mínimos de norma.
Grave problema de vulnerabilidad sísmica
El segundo hallazgo fiscal que determinó la CGR al evaluar el manejo de los recursos de regalías por parte del municipio de La Jagua de Ibirico tiene que ver con el contrato número 071 de 2013, suscrito con el Consorcio Construvivienda La Jagua.
Se asignaron a este contrato $44.545 millones, con el objeto de construir 682 viviendas para la población pobre y en condición de vulnerabilidad, desplazados o víctimas de la violencia en el municipio.
Aquí la CGR determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por valor de $1.644 millones.
En visita realizada a finales de abril pasado, se observaron falencias de tipo constructivo y problemas en los concretos tales como hormigoneo y exposición de acero de refuerzo utilizado en las vigas de amarre, con lo cual se vulnera la Norma NSR 10.
El incumplimiento de las normas jurídicas y técnicas que debían aplicarse en este contrato genera que este hallazgo tenga también connotación disciplinaria.
Respecto a la cuantificación de la cubierta y muros de la obra, la CGR consideró que se evidencia un serio riesgo de vulnerabilidad sísmica.
Proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en mejoramiento
Finalmente, la Contraloría General de la República tiene aperturado e imputado un proceso de responsabilidad fiscal por valor de $1.283 millones al considerar que se produjo un daño patrimonial en la construcción de las obras ejecutadas en el contrato de obra No. 146 de 2012, suscrito con la empresa Asesorías y Servicios de Ingeniería ASER Ltda para el “Mejoramiento de 290 viviendas de familias pobres y vulnerables del sector urbano del municipio de La Jagua de Ibirico”, en el cual aparece como presunto responsable el Alcalde de este enter territorial.
El proyecto fue financiado con recursos provenientes del Sistema General de Regalías para las vigencias 2011 y 2012.
Igual que en los dos casos antes citados, la obra no cumple con la normatividad técnica (los preceptos del Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes NSR-10).
En la visita técnica realizada por la CGR se encontraron situaciones como las siguientes:
*Se otorgaron licencias de construcción para algunas viviendas, sin existir diseños arquitectónicos, ni estructurales ni no estructurales. Tampoco había estudios de suelos y geotecnia, ni memorias de cálculo
*Y el proyecto se formuló sin efectuar estudio de vulnerabilidad estructural de la edificación existente, para establecer si era viable o no adosar la nueva construcción a la edificación existente
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