A Samuel Moreno Rojas le llegan a cuentagotas los procesos. A los cargos por aparentes fallas disciplinarias que le abrió la Procuraduría Gener
La fiscal general, Viviane Morales, solicitó la audiencia a jueces de control de garantías, para imputar los cargos de «prevaricato por omisión, concusión, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación» al suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas.
La audiencia fue programada para el próximo 29 de julio a las 7:30 de la mañana.
La solicitud «es producto de la investigación penal que se adelanta por las presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de distintas obras públicas en Bogotá», señaló la señora Morales.
La Fiscal recordó que el ente acusador investiga a otras 30 personas, entre funcionarios públicos, contratistas y particulares por este caso y «se estudian algunas solicitudes de aplicación del principio de oportunidad y la posibilidad de celebrar preacuerdos con algunos indiciados».
Samuel Moreno fue suspendido por tres meses como alcalde de Bogotá, el pasado 3 de mayo, cuando la Procuraduría le abrió proceso disciplinario por su presunta omisión en el deber de asegurar los contratos de la malla vial.
El caso de Iván
Otro de los involucrados es Iván Moreno Rojas, el suspendido senador, a quien la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cobijó con medida de aseguramiento el 10 de mayo.
Al parecer, el congresista participaba en una trama de la que harían parte él y su hermano, Samuel Moreno, mediante una oficina paralela al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la que se arreglarían los proyectos de licitación para las obras viales en Bogotá y la solicitud de comisiones, según documentos de la Corte revelados ayer.
Según el tribunal, en este caso existió un «acuerdo contractual» entre los miembros del Grupo Nule y el suspendido senador, con conocimiento del alcalde Samuel Moreno y cuyo objetivo habría sido el favorecimiento en contratos viales en la capital a cambio de comisiones.
Para llegar a esta conclusión se tuvieron en cuenta los testimonios de Manuel, Miguel y Guido Nule y de su socio Mauricio Galofre, quienes señalaron oportunidades que se reunieron con el congresista para acordar «el plan» para la entrega de dineros, con el fin de que sus proyectos fueran recibidos y aprobados en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) pese a sus serias deficiencias y a que no cumplían los requisitos legales.
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