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Comprometido con la defensa de lo público y con la protección a los derechos e intereses colectivos de todos los colombianos, esta vez le llegó el turno a todos los habitantes de la Costa Atlántica, pues por cuenta de una acción popular que el precandidato presidencial Carlos Eduardo Caicedo, líder del movimiento Fuerza Ciudadana, presentará en contra del Ministerio de Minas y Energía, se busca que el Estado colombiano no solo adquiera la totalidad de las acciones de la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., sino además, que destine recursos públicos para realizar las inversiones que sean necesarias con el fin de mejorar la infraestructura y redes para la prestación del servicio público de energía eléctrica y también para que se tramite una ley que le otorgue a los usuarios de los estratos 1 y 2 y sectores subnormales subsidios del 100 % de la tarifa.
Este mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos en beneficio de los residentes en el Caribe colombiano, será radicado este jueves 10 de agosto ante la Oficina Judicial del Palacio de Justicia de Barranquilla a partir de las 9:00 de la mañana.
La grave problemática que agobia a los usuarios de la Costa, se debe en gran parte a la infortunada privatización de las electrificadoras estatales en los años 90 y la entrega de ese servicio esencial de energía a multinacionales extranjeras que no invirtieron los recursos necesarios para asegurar la correcta, segura y continua prestación de dicho servicio hasta el punto que el propio Estado debió intervenir a la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., operadora y prestadora del servicio de energía en toda la Costa.
Por otro lado, preocupa que los colombianos de estratos más bajos y de sectores subnormales, no gocen de un servicio público de energía óptimo e incluso se vean abocados a dejar de atender sus necesidades básicas, ya de por si insatisfechas, para pagar las altas tarifas que cobra ELECTRICARIBE en la Costa. Todo ello ocurre ante la pasividad extrema del Estado colombiano.
El Precandidato presidencial Carlos Eduardo Caicedo, líder de Fuerza Ciudadana, se refirió a este nuevo recurso judicial que inicia en favor de toda la Región Caribe y al respecto señaló, “el servicio que presta ELECTRICARIBE es pésimo y el origen de ese problema ya está plenamente identificado: privatizaron el servicio y se lo entregaron a unos españoles, que como ha quedado demostrado, poco le importaba nuestra querida población y ello se agudizó por cuenta de la omisión del Estado en vigilar correctamente esa prestación del servicio de energía en manos de los particulares.
La solución que se requiere es sencilla, se trata de que el Estado vuelva a ser el dueño de ELECTRICARIBE bajo las reglas de la ley 142 de 1994. También, se deben disponer recursos públicos para atender las urgentes inversiones que se requieren para garantizar el servicio. Y otro tema que sí que es fundamental, consiste en que el Estado debe subsidiar el 100 % de las tarifas para los estratos 1 y 2 y para los sectores y barrios subnormales. Todo lo que propongo tiene fundamento en la Constitución de 1991 y en la propia ley 142 de 1994”.
Luego de referirse a las peticiones de la acción popular, agregó, “en Santa Marta dimos una pelea interesante para reivindicar el papel de nuestras comunidades y de los usuarios en relación con la empresa METROAGUA, operada por el Grupo Español Inassa.
El modus operandi de los españoles es el mismo, basado en extraer, extraer y extraer hasta que el servicio colapse y una vez eso ocurre ahí sí le entregan el problema al Estado y luego demandan para pedir cuantiosos perjuicios por cuenta del presupuesto público. Queremos que todos los costeños se unan a esta nueva lucha que emprendemos para dignificar los derechos de los usuarios y así asegurar el cumplimiento de los fines impuestos por la Constitución de 1991”.
El exalcalde de la capital del Magdalena también indicó que de tratarse de una acción en defensa del bien común de los ciudadanos afectados, estos pueden acompañar la instalación de la acción popular el día jueves 10 de agosto en la Oficina judicial del Palacio de Justicia de Barranquilla.
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