La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez,
La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, luego de la agresión verbal y física contra el concejal del partido ASI John Jairo Claro, ocurrida el pasado miércoles.
El Ministerio Público tomó la decisión teniendo en cuenta los comportamientos reiterados de Hernández Suárez, que afectan los derechos al buen nombre y a la dignidad de las personas, ya que tenía otro proceso por usar términos desobligantes contra un ciudadano que le pedía no talar un árbol.
El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, había anunciado, en la mañana de este jueves, la apertura de una investigación disciplinaria contra el alcalde de Bucaramanga, por su actuar frente al cabildante.
“Uno no puede enlodar el ejercicio de función pública agrediendo a los ciudadanos. Está abierta la investigación, y tengan la certeza que acudiré a todas las herramientas que me da la ley para tomar las medidas cautelares del caso porque desde el punto de vista disciplinario esto configura la conducta más grave que puede consagrar una legislación disciplinaria”, dijo Carrillo Flórez.
El incidente entre el alcalde y el concejal se presentó el pasado miércoles durante un encuentro para hablar, al parecer, sobre el proceso de moción de censura que se le adelanta en la Secretaría de Hacienda en el Concejo de la ciudad.
En la reunión el concejal por el partido ASI le habría reprochado al Alcalde su presunto vínculo con el caso Vitalogic y la relación directa que tiene este caso con familiares del mandatario, acusaciones que no admitió y fue cuando inició una acalorada discusión, que terminó en la agresión física.
Aunque Hernández Suárez pidió disculpas y aseguró que lo sucedido se debió a un momento de “rabia”, el concejal aseguró que tomará acciones legales en su contra.
El maltrato, que también quedó registrado en material de video, es investigado por una delegada del Ministerio Público, que se encargará de verificar la veracidad de los hechos y recibir los testimonios de las personas agredidas.
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