Mediante fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al señor José Augusto Manjarrez Mendoza, en su condición de alc
Mediante fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al señor José Augusto Manjarrez Mendoza, en su condición de alcalde del municipio de La Jagua del Pilar (La Guajira) para la época de los hechos, por irregularidades presentadas en un contrato de obra pública celebrado con una asociación de municipios del mencionado departamento.
De acuerdo con la investigación, el exmandatario incurrió en falta disciplinaria porque celebró con Asoagua (Asociación de entidades territoriales) mediante contratación directa un contrato para la construcción del pavimento en concreto hidráulico en zonas aledañas del municipio La Jagua del Pilar (La Guajira), el cual debió adjudicar mediante licitación pública dada su cuantía.
Foto: Procurador General Alejandro Ordoñez
El Ministerio Público señaló que con esta conducta el entonces mandatario evadió la modalidad de selección del contratista a través de la licitación pública, teniendo en cuenta que para la época de la contratación “las cooperativas y las asociaciones de municipios habían sido despojadas de la denominación del carácter de entidad estatal para efectos de la celebración de contratos interadministrativos (…) debiendo participar en igualdad de condiciones con los particulares, cuando celebren contratos con las entidades ya sea con los municipios, departamentos, establecimientos públicos entre otros”.
Adicionalmente advirtió que los estudios previos no fueron elaborados por una oficina jurídica sino por la Secretaría de Obras Públicas, que no tenía entonces la experticia legal sobre el tema. La decisión de justificar la contratación directa, la adoptó directamente el alcalde investigado.
El fallo de segunda instancia señaló que al utilizar el mecanismo de la contratación directa el disciplinado desnaturalizó la figura jurídica de los contratos interdaministrativos y vulneró los principios de legalidad, transparencia, economía y responsabilidad de la contratación estatal.
El Ministerio Público señaló que contra esta determinación disciplinaria no procede recurso alguno.
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