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Fiscal acusada del caso Sifredo López invita a la reflexión a los periodistas en manejo de la información

La Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia Martha Lucía Zamora recordó a los periodistas y representantes de los medios de comunicación que la liber

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La Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia Martha Lucía Zamora recordó a los periodistas y representantes de los medios de comunicación que la libertad de prensa y el derecho a la información nunca deben tener como finalidad desnaturalizar el derecho penal. Afirmó que los juicios anticipados y los análisis de las pruebas por fuera del juicio pueden generar daños  a los  procesos.

“Los medios de comunicación tienen el deber de informar; pero, como todo deber, también implica  el cumplimiento de una serie de obligaciones. En materia judicial, deben ser rigurosos  con los principios de veracidad e imparcialidad en la difusión”, anotó Zamora.

La reflexión de la funcionaria surgió tras el debate que ha ocasionado la publicación del borrador de un protocolo orientado por el Consejo Superior de la Judicatura en el cual se pretende reglamentar el acceso a las audiencias públicas a los periodistas.

Agregó que es la Ley 906 de 2004 la que consagra la publicidad de los procesos pero con limitantes como el respeto a la integridad de las víctimas, a los jurados, testigos, peritos y demás intervinientes. Asimismo, explicó también que la ley establece límites cuando debe protegerse la seguridad nacional, evitarse un daño sicológico a los menores de edad, se menoscabe un juicio justo al acusado o se comprometa seriamente el éxito de la investigación.

“No debemos entenderlo como una censura, lo importante es lograr un equilibrio en búsqueda de la verdad. Si ésta búsqueda exige algún tipo de restricciones, deben ser claras al máximo”. Agregó que gracias al control social de los medios masivos se han descubierto situaciones complejas y determinantes que han impedido que algunos casos queden en la impunidad.

Concluyó Zamora que se trata de una reflexión importante y trascendental el analizar la normatividad, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las leyes de otros países para encontrar el rol de cada uno y definir cuáles son las situaciones extremas en las que se debe ceder a determinados derechos para alcanzar un mejor desarrollo de los procesos penales.

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