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Andrés Felipe Arias, a la cárcel por Agro Ingreso Seguro

Andrés Felipe Arias tendrá que esperar en prisión el desarrollo de su proceso penal por las irregularidades en Agro Ingreso Seguro. El argumento de la fisc

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Andrés Felipe Arias tendrá que esperar en prisión el desarrollo de su proceso penal por las irregularidades en Agro Ingreso Seguro. El argumento de la fiscal general, Viviane Morales, de que el exministro de Agricultura podría interferir en el desarrollo de la investigación en su contra, fue contundente para convencer al magistrado Orlando Fierro Perdomo, quien le dictó medida de aseguramiento.

Para el juez del Tribunal Superior de Bogotá, hay elementos para inferir la posible autoría de Arias  en los dos delitos que le imputaron y que en libertad posiblemente podría tratar de obstruir la justicia. El abogado de Arias no apeló la decisión y ahora la Fiscalía tendrá 30 días para presentar el escrito de acusación por los delitos de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

Pese a que el abogado intentó desestimar los argumentos de la Fiscalía sobre la necesidad de la medida de aseguramiento, tratando de resaltar las bondades del programa Agro Ingreso Seguro, para Fierro Perdomo esta discusión es totalmente impertinente para los fines procesales.

Pero, más allá de estos argumentos, lo que determinó que el magistrado decidiera dictar la medida fueron las visitas del exministro a los otros procesados del caso AIS que están en La Picota. Para el juez, un hecho clave que podría demostrar el interés del exministro de desviar la investigación. “Se logró evidenciar que Andrés Felipe Arias realizó entre el 16 de abril y el 3 de junio diez entradas al penal, con promedio de duración de cuatro horas cada una, algunas de ellas los días viernes que no hay entrada. Para el despacho, no resultan de recibo los argumentos de la defensa que afirman que aquí se trató de manifestaciones de solidaridad o de sentido humanitario (…) se confirma que estas visitas fueron para influir sobre los otros coimputados”, indicó Fierro.

Más aún, el magistrado dio credibilidad a la versión que rindió ante la Fiscalía el director de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Javier Enrique Romero Mercado, en la que menciona dos reuniones. Una en la que a él y a otros exfuncionarios vinculados al escándalo les mostraron el pliego de cargos de la Procuraduría en contra de Arias, que era reservado, y otra en la que además les contaban las preguntas que hacía la Fiscalía, a la vez que se promovían las respuestas, como un “curso de repaso”.

Para Fierro, los funcionarios sí estaban siendo adiestrados sobre cómo debían contestar las preguntas. Arias utilizó “ciertas influencias” para dar a conocer el pliego de cargos de la Procuraduría. Además de que se buscaba un chivo expiatorio que asumiera la responsabilidad de las irregularidades de AIS.

Según el magistrado, estos testimonios muestran un patrón de conducta de Arias, que permite inferir que las visitas no fueron actos humanitarios, sino que tuvieron como propósito que los exfuncionarios obraran con reticencia. “No resulta del todo desconocido que, dada la calidad del imputado y en su calidad de exministro pudiera influir sobre los otros coimputados. El doctor Andrés Felipe Arias logró ingresar en fechas no autorizadas a la cárcel La Picota, aprovechándose de su posición.

Por esta razón, según el juez, “por encima del derecho a la libertad, en este caso debe estar el debido proceso. La medida de aseguramiento intramural permite lograr el fin de salvaguardar la verdad y la justicia. Es proporcional y razonable. En consecuencia, es una medida jurídicamente procedente por su condición de importancia y por los dos delitos que le imputó la Fiscalía”.

La orden es que el exministro Arias tendrá que estar recluido en La Picota mientras avanza el proceso.

La investigación

Los dos delitos que tendrá que enfrentar el exministro Arias se resumen en dos situaciones: las supuestas irregularidades al firmar los convenios con IICA que dieron vida a AIS, que lo hicieron por contratación directa y no por licitación como ordenaba la ley. Esto hizo que el programa no tuviera reglas claras sobre los beneficiados y la forma de acceder a los subsidios, lo que permitió que se entregaran recursos a prestantes familias de la costa.

Dice la Fiscalía que el Ministerio, de manera equivocada, se decidió por celebrar contratos directos, justificando la decisión en que los convenios eran para actividades científicas y tecnológicas. Sin embargo, al revisarlos se halló que eran para administrar dineros destinados a AIS, lo que obligaba a celebrar el contrato por licitación.

También se encontró que no hubo estudios de necesidad y conveniencia, que no hubo pliego de condiciones para los contratos, no hubo publicidad de los convenios y, a la hora de ejecutarlos, no se exigieron las garantías ni las pólizas al IICA. Incluso, permitieron empezar la ejecución del contrato sin haberse firmado.

Para la Fiscalía, todo esto ocurrió porque Andrés Felipe Arias se puso en capacidad de controlar todos los mecanismos de AIS por una razón: “utilizó el programa AIS como plataforma política para su campaña presidencial”.

Su relación directa con el IICA, según la fiscal, dio pie a la llamada puerta giratoria a través de la cual el IICA y el Ministerio intercambiaban funcionarios, “como el caso de Juan Camilo Salazar, que llegó al Ministerio como contratista del ICCA y terminó siendo viceministro de Agricultura, que controlaba y dirigía los convenios tramitados para AIS”.

“El exministro Arias tenía la llave de la puerta giratoria. Fue dueño y señor de la informalidad en pagos que el ICCA hizo de servicio de transporte y publicidad utilizado por el ministro y sus más cercanos colaboradores. Estaba sentado en el trono de la informalidad”.

Para el ente acusador, desde el Ministerio de Agricultura se “desdibujaron” los principios fundamentales del programa AIS y se permitió que terceros adinerados se apropiaran de recursos estatales que estaban destinados a “reducir la desigualdad en el campo”. Se estima que el desvío asciende a los $300 mil millones.

Frente a estos argumentos de la Fiscalía y las denuncias en su contra por las presuntas irregularidades en el programa AIS, el exministro Arias siempre se ha mostrado ajeno y se ha declarado inocente. Dice que no intervino en la selección, evaluación o adjudicación de proyectos y subsidios de AIS. Además, que no participó en asuntos contractuales y que los temas técnicos y jurídicos de los convenios y las condiciones de acceso al programa los delegó en el viceministro, en los directores de AIS y en los jefes de la oficina jurídica.

El exministro, tras la sanción disciplinaria que le impuso el procurador general de la Nación, ahora se concentrará en su defensa ante la Corte Suprema de Justicia. Tanto el proceso disciplinario como el penal tienen casi las mismas evidencias, aunque esto no quiere decir que el análisis que hagan los magistrados del máximo tribunal colombiano lleguen a la misma conclusión.

Entre las pruebas contra el exministro está el relato de una supuesta reunión en la casa de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, en la que el exministro y otros funcionarios de la cartera tomaron decisiones respecto a la destinación y entrega de los cuestionados subsidios de AIS.

También el testimonio de Julián Gómez y 52 correos electrónicos, con los que quiere comprobar que todo lo relacionado con AIS lo manejaban desde el Ministerio de Agricultura. Gómez trabajó para el IICA, fue director del programa AIS y es hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alfredo Gómez Quintero. Él, aunque menciona en varias ocasiones al exministro, cabe resaltar que no relata directamente un capítulo que lo involucre.

En sus declaraciones ha dicho que pese a que el borrador de los términos de referencia del programa se elaboró entre funcionarios del IICA y el Ministerio de Agricultura, los aspectos pertinentes a potenciales beneficiarios, criterios de calificación o monto de subsidios, entre otros asuntos, los decidía el Ministerio. También señaló al exministro de ser quien definía el presupuesto y la distribución del mismo.

Por ahora,  el proceso  apenas comienza, por eso la decisión del magistrado Fierro  no quiere decir que el exministro Arias sea culpable. Será en juez de conocimiento quien tomará la decisión de condenarlo o absolverlo por un escándalo que desde finales de 2009 ha dado de qué hablar en el país.

Fuente: Elespectador.com

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