Sector oficial del Cesar le debe 74.212 millones de pesos a Electricaribe

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Sector oficial del Cesar le debe 74.212 millones de pesos a Electricaribe

A pesar de las gestiones comerciales y acciones jurídicas iniciadas por Electricaribe, persiste la alta cartera morosa por concepto de deuda de energía po

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A pesar de las gestiones comerciales y acciones jurídicas iniciadas por Electricaribe, persiste la alta cartera morosa por concepto de deuda de energía por parte de entidades del orden oficial en la Región Caribe.

Las deudas  que superan los 74.212 millones de pesos, corresponden a consumos de energía de acueductos, hospitales, colegios, alumbrados públicos e instalaciones propias de los diferentes municipios y departamentos.

La situación más crítica se presenta en el Atlántico, en donde la deuda del orden municipal y departamental supera los 31.169 millones de pesos; en el Cesar, 7.944 millones de pesos, en Bolívar, 11.631 millones de pesos, en Córdoba, 9.123 millones de pesos, , en Magdalena 6.974 millones de pesos; en Sucre 3.920 millones de pesos; y La Guajira con obligaciones departamentales y municipales del orden de los  3.443millones de pesos.

A raíz de esta problemática, representantes de Electricaribe  se reunieron con delegados del Ministerio de Minas y Energía; Procuraduría y con el superintendente Regional de Servicios Públicos, Rodrigo Asthon, con el fin de informarles detalles de la problemática.

El objetivo es contar el apoyo del gobierno y de los órganos de control para superar esta delicada situación, la cual daría origen a la iniciación del procedimiento para la terminación de los contratos de energía a estos usuarios oficiales.

Mientras avanza este proceso, la empresa, viene adelantando todos los procedimientos y acciones legales pertinentes, obteniendo la evidencia y  soportes respectivos que muestren los motivos y causas de la situación de la deuda.

Con esto se espera que los organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría inicien las investigaciones que sean del caso y apliquen las sanciones de ley a los alcaldes y funcionarios encargados de apropiar los presupuestos y cumplir efectivamente con el pago oportuno de los servicios públicos.

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