Con inversiones históricas, una mayor cobertura en los servicios del Estado y resultados que hoy impactan la vida de millones de colombianos, el Mini
Con inversiones históricas, una mayor cobertura en los servicios del Estado y resultados que hoy impactan la vida de millones de colombianos, el Ministerio del Trabajo presentó su balance de gestión y de las entidades adscritas al sector durante la Rendición Pública de Cuentas 2022-2026. Los resultados evidencian un fortalecimiento sin precedentes de la formación para el trabajo, la protección social, el empleo y el subsidio familiar, consolidando un legado institucional orientado a ampliar derechos y generar oportunidades para la ciudadanía.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que «este Gobierno entendió que invertir en las personas es la mejor manera de construir país. Cada recurso destinado al sector Trabajo se convirtió en oportunidades para estudiar, conseguir un empleo digno, emprender, acceder a una pensión o mejorar la calidad de vida de millones de familias colombianas. Ese es el legado que hoy entregamos al país».
Uno de los mayores protagonistas de esta transformación fue el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que durante el cuatrienio alcanzó el mayor fortalecimiento financiero de su historia. La entidad incrementó su presupuesto en un 110 %, aseguró $4,7 billones adicionales para infraestructura mediante el reconocimiento de la deuda histórica e invirtió $941 mil millones en la modernización de sus ambientes de formación. Estos recursos se tradujeron en oportunidades para 812 mil aprendices beneficiados con el Contrato Laboral de Aprendizaje, 1,4 millones de campesinas y campesinos formados a través de CampeSENA, 2,2 millones de personas vinculadas laboralmente mediante su Agencia Pública de Empleo y más de $730 mil millones destinados al Fondo Emprender para impulsar miles de iniciativas productivas en todo el territorio nacional.
En materia de protección para la vejez, Colpensiones fortaleció la sostenibilidad del sistema y mejoró significativamente la atención a los ciudadanos. Durante el periodo incorporó un millón de nuevos afiliados, recibió 592 mil traslados desde fondos privados y fortaleció el régimen con más de $59 billones en ingresos, permitiendo atender a cerca de 1,9 millones de pensionados con pagos mensuales superiores a $5,7 billones. Paralelamente, la entidad modernizó sus procesos, reduciendo de manera significativa los tiempos para el reconocimiento de prestaciones y ampliando la oferta de servicios digitales para facilitar el acceso de los usuarios.
La Unidad del Servicio Público de Empleo también superó las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo al lograr 4,27 millones de colocaciones laborales, sobrepasando el objetivo previsto para el cuatrienio. Los avances fueron especialmente significativos para las poblaciones con mayores barreras de acceso al mercado laboral, al registrar cerca de dos millones de mujeres vinculadas, casi 600 mil víctimas del conflicto colocadas y más de 19 mil personas con discapacidad empleadas. Estos resultados fueron posibles gracias al fortalecimiento de una red nacional que hoy cuenta con 211 prestadores, 735 puntos de atención y presencia en 204 municipios del país.
Por su parte, la Superintendencia del Subsidio Familiar consolidó un modelo de supervisión más moderno, preventivo y transparente que permitió optimizar el uso de los recursos parafiscales en beneficio de las familias trabajadoras. Como resultado, se destinaron $65.980 millones para fortalecer subsidios de vivienda dirigidos a mujeres rurales, se asignaron 1.413 subsidios habitacionales en 238 municipios, se recuperaron y redistribuyeron más de $50.000 millones del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS) y se brindaron 165.522 atenciones ciudadanas, acompañadas de procesos de capacitación para más de 35 mil trabajadores sobre el Sistema del Subsidio Familiar.
Este balance evidencia que el sector Trabajo no solo fortaleció sus instituciones, sino que convirtió la inversión pública en bienestar para la ciudadanía. La ampliación de la cobertura, la modernización de los servicios, el impulso al empleo, la formación para el trabajo y la protección social dejan un legado que trasciende las cifras: millones de colombianos cuentan hoy con más oportunidades, mayores garantías y un Estado más cercano, eficiente y comprometido con el trabajo digno y la justicia social.
