Unos 120 estudiantes de la Institución Educativa Santa Isabel, del corregimiento que lleva el mismo nombre en jurisdicción de Curuman&ia
Unos 120 estudiantes de la Institución Educativa Santa Isabel, del corregimiento que lleva el mismo nombre en jurisdicción de Curumaní (Cesar), fueron beneficiados con la construcción de tres aulas que la Unidad de Atención a las Víctimas entregó en convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Cada salón está dotado con sillas unipersonales con soporte de brazo y pies, tableros, stand, mesones y sillas para docentes, ventiladores y vitrinas para almacenar utensilios y otros elementos académicos.
“Este es un sujeto (de reparación colectiva) que, aunque ya cerró su proceso, continúa trabajando por la reconstrucción social. Tenemos una comunidad involucrada y unos líderes que siguen trabajando en ello. No es fácil, pero cuando hay las voluntades se puede”, señaló Juanita Ibañez, Subdirectora de Reparación Colectiva de la Unidad de Atención a Víctimas, quien aprovechó para invitar a los estudiantes a cuidar los salones y los artículos que “con esfuerzo presupuestal hemos hecho realidad”.
Para los más de 120 estudiantes terminaron las clases debajo de los árboles de mango. Ahora, con las tres aulas que entrega la Unidad en convenio con el PNUD, estarán en cómodos pupitres, con aulas ventiladas para minimizar las altas temperaturas propias de la región, lo que además dignifica la relación de educandos y educadores: “hace tres años venimos luchando por lo que hoy es una realidad. Estas aulas estaban a punto de caerse y hoy con agrado, a nombre de todos nuestros estudiantes, agradecemos por contribuir con la educación de estos muchachos de escasos recursos”, agregó Amín Arrieta, rector de la Institución Educativa Santa Isabel.
En el marco de la implementación de los procesos de reparación colectiva contemplados en la ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, la Unidad para las Víctimas desarrolló convenio con el PNUD, para dar respuesta rápida de los planes de reparación colectiva en el departamento del Cesar y hacer realidad estas aulas, que tuvieron un costo aproximado a los 250 millones de pesos.
Estas acciones fueron concertadas con el comité de impulso, tejedores y tejedoras, estudiantes y demás integrantes de la comunidad, para el apoyo a la infraestructura social y comunitaria de Santa Isabel, corregimiento enclavado en la Serranía del Perijá y sistemáticamente afectado en el marco del conflicto armado en el país.
El proceso de reparación colectiva inició en la comunidad de Santa Isabel en 2013 con el levantamiento del acta de voluntariedad contemplada en el decreto reglamentario 4800 de 2011, y concluyó el 16 de junio de 2018, cuando se declaró el cierre del proceso, tras haber dado cumplimiento a todas las medidas contempladas en el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC).
“Con estas acciones trazamos un camino hacia la paz y el desarrollo de las comunidades rurales, llevamos los bienes y servicios del Estado a los lugares donde se acentuaron las acciones violentas producto de las circunstancias sociales que propiciaron escenarios de conflicto en el departamento del Cesar”, puntualizó Juana Ramírez Gutiérrez, directora territorial de la Unidad de Víctimas en el Cesar y La Guajira.
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