El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, lanzó hoy una alerta por el alto riesgo de corrupción que se
El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, lanzó hoy una alerta por el alto riesgo de corrupción que se está dando en los departamentos de la Región Caribe, ante el aumento de la contratación de un único oferente para desarrollar los proyectos financiados con recursos de regalías.
La CGR mide este riesgo a través del porcentaje de contratación por concurso (licitación, concurso de méritos y selección abreviada) que se realiza con un único oferente.
El porcentaje para cada uno de los departamentos la Región Caribe es el siguiente, precisó el Contralor:
*89% en La Guajira
*86% en Cesar
*83% en Sucre
*82% en Magdalena
*81% en Bolívar
*76% en Atlántico y Córdoba
*Y 56% en San Andrés
Preocupantes atrasos
Al intervenir en una Audiencia Regional de Rendición de Cuentas, en el Auditorio de Combarranquilla, el Contralor Maya Villazón señaló también los atrasos que presentan varios proyectos de regalías y entregó el siguiente balance al respecto:
El valor total de los proyectos aprobados a la región Caribe, a junio de 2016, es de $ 5,9 billones.
El valor de los proyectos terminados es de un poco menos de $2,3 billones, el 40,5% del total de los proyectos aprobados. En número, los proyectos terminados son 1.459 (58%).
Por departamentos, San Andrés está en la situación más crítica, pues apenas el 5% de sus proyectos han terminado. También es bajo este porcentaje en Magdalena (19,6%). La Guajira está por debajo del promedio de la región con el 32,5%. En los demás departamentos el porcentaje del valor de los proyectos terminados está por encima del promedio de la región, entre 41% (Sucre) y 52% (Córdoba).
Están en ejecución 670 proyectos de inversión de regalías en la Región Caribe, que ascienden a $3,2 billones.
De éstos, hay 243 proyectos por un valor cercano a $1,5 billones, que equivalen al 25% de los aprobados, y al 46% de los que están en ejecución, que presentan un significativo retraso.
Es decir, llevan un año o más de retraso respecto de la fecha de terminación inicialmente prevista, y menos del 80% de avance físico. El riesgo más alto, lo presenta San Andrés, que tiene el 81% del valor de los proyectos en esta situación. Le sigue La Guajira con el 33,8% y Sucre con el 32%.
Los menores porcentajes los tienen Magdalena y Atlántico con 8,7% y 15,2%. Los demás departamentos de la región tienen porcentajes de proyectos en esta situación entre el 20% (Bolívar) y el 25% (Cesar).
Proyectos en riesgo de desaprobación
Por otra parte, el valor de los proyectos en riesgo de desaprobación (aquellos que siendo aprobados no han iniciado su ejecución después de seis meses) asciende a alrededor de $187,5 mil millones, o sea el 3,2% de los proyectos aprobados.
Por departamentos este indicador es bastante alto en San Andrés, que tiene el 33,4% del valor de los proyectos en esta condición. Le siguen los departamentos de La Guajira y Atlántico con el 7,6% y el 5,6% respectivamente.
Proyectos de regalías no dan prioridad a la atención de necesidades sociales
Los sectores de educación, agua potable y saneamiento básico, vivienda, salud e inclusión social, que son los que inciden de manera más directa sobre las condiciones de vida de la población, representan apenas el 35% del total de proyectos aprobados por el Sistema General de Regalías en la Región Caribe.
Es un porcentaje bajo, teniendo en cuenta que el 65% de la población de esta región está en situación de pobreza, de acuerdo con elÍndice de Pobreza Multidimensional (IPM).
Este indicador presenta diferencias por departamento.
A los sectores ya señalados -educación, agua potable y saneamiento básico, vivienda, salud e inclusión social- los departamentos de la Región Caribe destinan los siguientes porcentajes de sus recursos de inversión de regalías:
*El departamento del Magdalena tiene el porcentaje más bajo (8,5%), cuando su IPM es de 69,6.
*Sucre y Bolívar, teniendo un IPM de 73,1 y 62,8, destinan el 27,7% y el 29,8% de sus regalías.
*Cesar es el único departamento que tiene más de la mitad de las regalías orientadas a estos sectores (51,1%), con un IPM de 66,7.
*La Guajira que es el departamento más pobre de la región Caribe, y el segundo del país, después de Chocó, con el 79,7% de su población en condición de pobreza, destina el 48% de las regalías a los señalados sectores.
*Córdoba, que tiene un IPM similar del orden de 79,6%, solamente destina el 30,3%.
*Los departamentos con menores niveles de pobreza son San Andrés y Atlántico, con un IPM de 37,5 y 47,3, respectivamente; y dirigen el 43,7% y el 33,5% a inversiones que inciden directamente en las necesidades sociales de la población.
Datos de la Rendición de Cuentas del Contralor en la Región Caribe
El Contralor Edgardo Maya Villazón rindió cuentas de la gestión adelantada por la CGR en la Región Caribe durante su segundo año de gestión, mencionando inicialmente casos emblemáticos como la Refinería de Cartagena – Reficar, el Programa de Alimentación Escolar – PAE, el Cartel de la Hemofilia dentro del Sistema General de Participaciones, Electricaribe (Programa de Normalización de Redes Eléctricas) y los llamados “Elefantes Blancos” en el uso inadecuado de las regalías.
En su presentación destacó también estas otras actuaciones:
*Hallazgos que reflejan la Crisis del agua
Teniendo en cuenta que en la Región Caribe colombiana gran parte de la población carece de servicio de agua potable y alcantarillado, la CGR ha enfocado sus esfuerzos a determinar el buen uso de los recursos destinados a este sector, determinando varios hallazgos.
*Un presunto hallazgo fiscal por $10.858 millones en la construcción del acueducto y alcantarillado del corregimiento de Camarones, en el municipio de Riohacha (Guajira), donde el contratista no tenía permisos de explotación del acuífero y el agua no es apta para el consumo humano.
*También en La Guajira, en el municipio de Manaure, barrio Villa Sara, se estableció un presunto detrimento de $1.712 millones en el sistema de acueducto, dado que no obstante haberse recibido a satisfacción la obra, no se encuentra en funcionamiento, incumpliendo con los fines sociales del Estado, en la inversión de estos recursos.
*Y en el municipio Uribía, con la construcción de sistema de almacenamiento para las comunidades indígenas, la Contraloría detectó un hallazgo fiscal por valor de $1’014 millones. Se logró establecer una mala práctica constructiva que no hace sostenible el proyecto y no mejora la calidad de vida de las comunidades indígenas, que en la actualidad padecen una sequía que se ha convertido en una calamidad pública.
*El departamento del Cesar no es ajeno a esta problemática. En el municipio Chiriguaná, la Contraloría detectó un hallazgo fiscal por valor de $5.922 millones en la Ampliación y Optimización de la Red de Recolección del Sistema de Alcantarillado Sanitario. Se logró establecer que la obra no está prestando el servicio para el cual fue construida, toda vez que presenta fallas en la ejecución de los diseños que hacen inviable la puesta en operación del sistema de alcantarillado.
*En el departamento de San Andrés, se detectó un presunto hallazgo fiscal por $2.381 millones correspondientes al incumplimiento del objeto contractual para la “minimización de los factores de riesgo de enfermedades por dengue y enfermedades gastrointestinales de origen hídrico”.
*Hallazgos en Viviendas de Interés Social
Otro sector que se ha visto gravemente afectado con la mala utilización de los recursos es el de vivienda de interés social. La CGR ha encontrado reiteradas irregularidades relacionadas con fallas constructivas en viviendas de interés social, como es el caso del departamento del Cesar en la Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Becerril.
Allí se determinaron presuntos hallazgos fiscales por $5.375,3 millones, $1.413 millones y $591 millones respectivamente por daño estructural y mala calidad de obra en la construcción, fracturas en mampostería, vigas y columnas, así como debilidades en el diseño, afectando principalmente a la población vulnerable y de escasos recursos económicos.
*Infraestructura Vial y Calidad de Obras
*En el departamento de Cesar y la Guajira, se evidencian lesiones al patrimonio público por valor aproximado de $2.178 millones y$215 millones respectivamente, pues se logró establecer que las obras presentan mala calidad y debilidades en sus procedimientos constructivos que afectan la estabilidad de la estructura de pavimento.
*En la construcción del edificio Bioclimático para la Sede de la Corporación Autónoma Regional del Cesar—CORPOCESAR, se detectó un presunto hallazgo fiscal por valor de $3.341.millones, pues la obra se está ejecutando sobre una estructura que presenta deficiencias constructivas y no garantiza la estabilidad de la obra.
*En la construcción del Campus de la Universidad Nacional de Colombia en el municipio de La Paz, Cesar, la Contraloría detectó un hallazgo fiscal por valor de $2.634.millones. Se logró establecer que la obra presenta patologías por construcción y fallas en los procedimientos constructivos, que no solo generaron un detrimento a los recursos de regalías invertidos en el proyecto, sino que además afectan la estabilidad y calidad final de la obra.
*En la Rehabilitación del coliseo Miguel "Happy" Lora en Montería Córdoba, se encontró faltas en la planeación, supervisión, calidad de obras, contratación e incumplimiento a cláusulas del convenio. Se evidenció que el reporte de porcentaje de pagos correspondía al 78.8%, mientras que la ejecución y avance físico se encontró al 41% a la fecha de la visita, dando pie a un presunto hallazgo fiscal por $4.586 millones.
Y en el municipio de Montelíbano (Cordoba), se encontraron sobrecostos del orden de $2.262 millones en diferentes proyectos tales como: construcción de la terminal de transporte, construcción en un mega colegio, construcción de quince aulas y tres baterías
Otros hallazgos cuantiosos
*Hallazgos en la Universidad Popular del Cesar ($2.006 millones), CORPOCESAR ($1.813 millones), Cormagdalena ($1.631 millones) y el municipio de Soledad, Atlántico ($4.403 millones)
Departamentos con mayores denuncias y entidades más denunciadas
En el último año, el registro de denuncias del Sistema de Información de Participación ciudadana – SIPAR – en los departamentos de la Región Caribe fue de 1050.
El departamento que más registra denuncias es el de Bolívar, con un total de 279, seguido de Atlántico con 150 y Cesar con 140. Les siguen Sucre con 138, Córdoba 135, Magdalena 107, Guajira 82 y San Andrés con 19.
El sector que más denuncias ha recibido en todos los departamentos de la Región Caribe es el Sector Social.
Dentro de las entidades más denunciadas se encuentran: en el Departamento de Bolívar, la Alcaldía Municipal de Magangué y la Gobernación. En Cesar, la Alcaldía Municipal de Valledupar y la Gobernación. En Sucre, la Gobernación y la Alcaldía Municipal de Sincelejo. En Atlántico, la Alcaldía Municipal de Barranquilla y la Alcaldía Municipal de Soledad.
En Córdoba, la Gobernación y la Alcaldía Municipal de Montelíbano. En Magdalena, la Alcaldía Municipal de Santa Marta y la Alcaldía Municipal de Plato. En La Guajira, la Alcaldía Municipal de Riohacha y la Gobernación, y en San Andrés, la Gobernación y la Caja de Compensación Familiar CAJASAI.
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