La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Coordinación de Cobros Coactivos de la Oficina Jurídica ha expe
La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Coordinación de Cobros Coactivos de la Oficina Jurídica ha expedido un total de 1.822 mandamientos ejecutivos por un valor de $1.195.395.200 a ciudadanos que fueron designados como jurados de votación y que no asistieron a cumplir con este deber legal de forzosa aceptación.
Así mismo adelanta el recaudo de $159.295.500 correspondiente a mandamientos expedidos con anterioridad al 2007 de ciudadanos que no asistieron el día de la elección a la mesa asignada.
Los jurados sancionados que desatiendan el cobro persuasivo, la Coordinación de Cobros Coactivos de la Registraduría Nacional impondrá hasta medidas cautelares, como el embargo de salarios o bienes inmuebles, secuestro de vehículos a fin de lograr el efectivo recaudo de las multas.
Al sancionado renuente a pagar se le hace investigación de bienes. Si se le encuentra vinculación laboral se ordena el embargo del sueldo, que equivale a la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal mensual vigente y el jefe de Talento Humano está en la obligación de consignar en la cuenta judicial mes a mes del descuento que le hagan hasta completar el total de la deuda.
Así mismo si la Oficina de Cobros Coactivos encuentra que el ciudadano renuente cuenta con un vehículo, este es inmovilizado y llevado hasta los patios hasta tanto no pague la deuda, lo que le implica al sancionado no sólo el pago de la multa sino el costo de los gastos que genere su retención.
Desde el 2007 y hasta septiembre de 2011 la Registraduría ha recaudado $549.714.360 por concepto de procesos en contra de jurados de votación. De esta cifra $142.426.628 se han recaudado durante el 2011; en 2010 un total de $188.773.155, en el año 2009 ingresaron $65.597.257, en el año 2008 se recaudaron $62.463.712 y en 2007 $90.453.608.
Después de los tres eventos electorales realizados en 2010, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Coordinación de Cobros Coactivos de la Oficina Jurídica, adelanta gestiones en contra de 33.831 ciudadanos que fueron designados como jurados de votación y que no asistieron a cumplir con este deber legal.
Según el Artículo 105 del Código Electoral “el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación”. El incumplimiento de las obligaciones le puede acarrear a los ciudadanos designados, sanciones de hasta 20 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos tanto a los servidores del Estado como a los particulares que al ser jurados asumen funciones públicas transitorias.
Para las elecciones de autoridades locales que se realizarán el 30 de octubre en todo el territorio nacional, la Registraduría convocó a 615.085 ciudadanos entre los 18 y los 60 años de edad para prestar su servicio como jurados de votación. Los jurados que no asistan a prestar su servicio serán sancionados con multas equivalentes a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir $5.356.000, o la destitución del cargo si son funcionarios públicos.
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