La adecuación, ampliación y remodelación en 39 instituciones educativas y 36 sedes en 15 municipios del Cesar, más la cons
La adecuación, ampliación y remodelación en 39 instituciones educativas y 36 sedes en 15 municipios del Cesar, más la construcción del auditorio en el Instpecam de Valledupar y el diseño y construcción de la primera etapa de tres centros de integración educativa –CIE- en Codazzi, Curumaní y Aguachica, que beneficiarían a 21.359 estudiantes, por valor de $40.225 millones, de los cuales $35.691 millones son de regalías del carbón, permanecen en alto riesgo debido a que la Gobernación del Cesar firmó el contrato 693 el 4 de mayo del 2011 para ejecutar en cinco meses, pero hoy, 135 días después, a pesar de que la ejecución financiera es del 20 por ciento, la física es el del cero por ciento..
Así lo considera el Comité de Seguimiento y Evaluación a la Inversión de las Regalías del Carbón –CSIR Cesar-, que acompañó al Departamento Nacional de Planeación –DNP- en la Auditoría Visible realizada el 20 de septiembre en el auditorio Miguel Vicente Arroyo de la Universidad Popular del Cesar, a la cual asistió el gobernador del Cesar, Cristian Moreno; los secretarios de Infraestructura y Educación, Adolfo Pinilla y Virginia Gómez, respectivamente; el contratista Antonio Ávila, el gerente de la Unión Temporal Educativa, Jorge Acosta, y el interventor Álvaro Trespalacios. Esta Auditoría fue presidida por el líder de la Interventoría Administrativa y Financiera –IAF- del DNP, Miguel Caicedo.
Este contrato fue adjudicado a la Unión Temporal Educativa del Cesar, conformada por Ávila Ltda. con el 95% y Zyscovich Inc con el 5%, cuyo representante legal es Antonio Ramón Ávila Chassaigne, quien tiene un contrato similar en el departamento de La Guajira. Mientras que la Interventoría reposa en manos del Consorcio Interadministrativo 2011, conformado por Inzet SAS con el 80% e Inteinco sucursal Colombia con el 20%, por valor de $3.017 millones, representado por Álvaro Trespalacios.
Este contrato contempla la intervención en 79 instituciones educativas, de las cuales 27 son urbanas y 52 rurales; un auditorio en el Instpecam y tres CIE. Incluye en total la construcción de 106 aulas por 8.182 metros cuadrados, 35 urbanas y 71 rurales; 35 comedores escolares, 52 baterías sanitarias, 18 cerramientos, tres canchas múltiples, 68 zonas exteriores y un laboratorio.
CONCEPTO DEL DNP
En la Auditoría Visible se informó que el proceso se adelantó a través de licitación pública, a la que se presentó un solo proponente al que se le adjudicó el contrato, que inició el 4 de agosto, tres meses después de la suscripción del mismo, tiempo durante el cual el Departamento seleccionó y contrató la Interventoría (5 de julio). Además, el DNP consideró que los requisitos exigidos afectaron la pluralidad de oferentes debido a que se exigió demasiada experiencia en metros cuadrados construidos y diseñados, igual que experiencia en valores de contratación, lo que hizo muy difícil que otros oferentes se presentara. Esta situación también fue denunciada por la Sociedad de Ingenieros del Cesar al considerar que no fue equitativo exigir experiencia específica de 60 mil metros cuadrados diseñados, cuando el objeto del contrato solo requiere diseñar 39.752 metros cuadrados en aulas escolares y baterías sanitarias que no requieren una especialización. Este requisito no lo podían cumplir ni siquiera unidos los 145 ingenieros de la Sociedad de Ingenieros del Cesar, según manifestó Tirso Martínez, presidente de esta agremiación.
Igualmente destacaron que el 26 de julio fue aprobado el plan de manejo del anticipo, que fue desembolsado el 5 de septiembre por valor de $8.045 millones, correspondiente al 20% del valor total del contrato. Lo curioso es que de este anticipo pagaron impuestos, compraron equipos, dotaron oficinas y contrataron personal, los cuales no corresponden a lo previsto por la ley.
Además, según el DNP, en este contrato falta organización documental, debido a que existen varias versiones de documentos que deben reposar en el archivo. Este contrato contempló en los estudios previos un plazo de 10 meses, sin embargo en el pliego de condiciones definitivos y en el contrato se establece que el plazo contractual es hasta el 31 de diciembre de 2011, es decir, cinco meses contados a partir de la fecha de inicio.
PRESUNTAS IRREGULARIDADES DEL CONTRATO
El proceso de licitación se inició y se adjudicó sin tener en cuenta la norma sismo resistente del 2010, lo que ha generado reajustes en los diseños estructurales y mayor valor en costos debido a que los diseños se realizaron con la norma NSR de 2008. Esta situación, anunció el DNP, será reportada como una presunta irregularidad ante los organismos de control.
Los diseños deben ser ajustados a la norma sismo resistente actual por el contratista sin generar mayor costo al valor del contrato, lo cual afecta el inicio de las obras de acuerdo con lo manifestado por el mismo contratista. En la Auditoría Visible se comprometieron a entregar estos rediseños a final del mes de septiembre para iniciar obras en octubre. A estos inconvenientes se le suma que la Interventoría no ha presentado ningún informe hasta la fecha de la Auditoría Visible.
LOS COMPROMISOS DE LA GOBERNACIÓN
El mismo gobernador Cristian Moreno se comprometió a revisar la inversión del anticipo y el asunto de los rendimientos financieros, hacer mesas de trabajo para definir rediseños y ajustes. Además, defendió los CIE que cumplen con su Plan de Desarrollo y apoyan el ofrecimiento de los niveles técnicos de educación y manifestó que aunque el proyecto no impacta cobertura “si la dignidad de los estudiantes del Cesar que requieren mayores condiciones”. Ante la exigencia de que se garantizara el mantenimiento, la administración y dotación los nuevos escenarios, el gobernador Moreno se comprometió a inventariar pupitres con el fin de conocer necesidades. También se comprometió a subir a la página web de la Gobernación las cantidades de obras de contrato.
Sobre el problema de los diseños con normas sismo resistentes no actualizadas, el mandatario de los cesarenses explicó que se debió a que con las normas del NSR 08 trabajó el Programa Cimientos, que fue quien hizo los diseños iniciales.
SITUACIÓN SOCIOECNÓMICA DEL CESAR
Fueron muy importantes las cifras socioeconómicas del Cesar presentadas por el DNP, de las cuales vale la pena resaltar que de una población de 966.420 habitantes exista un cifra de desempleo del 12.8%, con unas necesidades básicas insatisfechas –NBI- 44,73%, una población sisbenizada de 889 mil cesarenses. También se mostró que el índice de mortalidad infantil es de 38.30%, el de pobreza 45.5% y el de indigencia 16.4%. Adicionalmente la cobertura en educación es del 94.9%, estando por fuera del sistema educativo 24.351 niños, por lo que se discutió en la Auditoría Visible si la inversión de estos $40.225 millones aumentarían la cobertura debido a que la Ley exige el 100%.
La evaluación socioeconómica mostró también la dependencia del Cesar de las regalías del carbón, mostrando una dependencia del 30%, 40% y 34% en los años 2008, 2009 y 2010, respectivamente, periodo en la que la administración departamental ha recibido $794 mil millones. En el 2011 los ingresos a junio 30 ascienden a $191.094 adicionales, es decir, $985 mil millones en tres años y seis meses que seguramente al terminar la vigencia 2011 llegará al billón de pesos, solo de regalías del carbón.
OBSERVACIONES DEL CSIR
La secretaria técnica del CSIR Cesar, María Clara Quintero, expresó dijo que “vi con buenos ojos que el gobernador se apersonara de la situación actual del contrato y comprometiera su mayor esfuerzo para que las obras puedan iniciarse, mostrando su interés frente al contratista para subsanar escollos que tienen, como manifestamos, en muy alto riesgo las que son quizás las últimas millonarias regalías que recibirá la infraestructura educativa del Cesar, porque con el nuevo sistema de regalías esta inversión será imposible repetir".
Ana María Ferrer
Comunicaciones
COMMENTS