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Durante la entrega protocolaria del inmueble del Centro de Atenci\u00f3n Especializada (CAE) a la Alcald\u00eda de Santa Marta, el gobernador Carlos Caicedo anunci\u00f3 que presentar\u00e1 una denuncia penal contra la exgobernadora Rosa Cotes, el contratista y la interventor\u00eda por las irregularidades en la construcci\u00f3n de esta obra que se encuentra abandonada desde 2018, caus\u00e1ndole un detrimento patrimonial al Departamento.<\/p>\n\n\n\n
Igualmente, dijo que presentar\u00e1 una queja disciplinaria contra Rosa Cotes ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y pedir\u00e1 a la Contralor\u00eda el inicio de una investigaci\u00f3n fiscal por detrimento patrimonial. Adem\u00e1s, asegur\u00f3 que har\u00e1 los tr\u00e1mites necesarios para hacer efectivas las p\u00f3lizas.<\/p>\n\n\n\n
Caicedo record\u00f3 que la primera fase del CAE para menores infractores fue contratada el 30 de diciembre de 2015, un d\u00eda antes de terminar el mandato del exgobernador Luis Miguel Cotes con la Uni\u00f3n Temporal CAE del Magdalena por un valor inicial de $749.994.726 y un plazo de ejecuci\u00f3n de seis meses.
El 27 de noviembre de 2017, su t\u00eda, la entonces gobernadora Rosa Cotes adicion\u00f3 el valor del contrato en un 50%, es decir, $374.997.663, con lo cual esta obra termin\u00f3 cost\u00e1ndole a los magdalenenses $1.124.991.992.
El CAE debi\u00f3 ser entregado en 10 meses, pero lo hicieron en marzo de 2018, casi tres a\u00f1os despu\u00e9s, sin que la anterior administraci\u00f3n hiciera efectiva las p\u00f3lizas que cubr\u00edan los riesgos de cumplimiento, buen manejo del anticipo, responsabilidad civil y estabilidad de la obra.<\/p>\n\n\n\n
En julio de 2019, un equipo de expertos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) realiz\u00f3 una visita t\u00e9cnica de inspecci\u00f3n antes de darle inicio a la segunda fase de esta obra, pero hallaron una serie de irregularidades tanto en el dise\u00f1o como en la estructura f\u00edsica de la edificaci\u00f3n, por lo que decidieron no continuar con la obra.
Esto tambi\u00e9n trajo como consecuencia que Findeter decidiera retirar el aporte de $3.000 millones que hab\u00eda comprometido para financiar la segunda etapa del CAE.
\u201cLa administraci\u00f3n de Rosa Cotes pas\u00f3 por alto los hallazgos del Icbf, hizo caso omiso de la situaci\u00f3n y prefiri\u00f3 prescindir de la oportunidad de tener en el Magdalena un CAE para menores infractores y aqu\u00ed tenemos el resultado: un inmueble abandonado a su suerte, deterior\u00e1ndose con el paso del tiempo, generando un da\u00f1o emergente, un lucro cesante para el erario p\u00fablico y un contratista sin de qu\u00e9 preocuparse gracias a la complicidad de la exgobernadora\u201d, afirm\u00f3 Caicedo.
Con el fin de evitar que este inmueble contin\u00fae deterior\u00e1ndose, el gobernador Caicedo decidi\u00f3 aceptar la solicitud de la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, de entregarlo en comodato por el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os para que all\u00ed funcione un centro de detenci\u00f3n transitoria para sindicados y de esta forma ayudar a la descongesti\u00f3n de la Unidad de Reacci\u00f3n Inmediata (URI) y estaciones de polic\u00eda.
As\u00ed mismo, el mandatario ha adelantado conversaciones con el CAE de Turbaco (Bol\u00edvar) para trasladar all\u00ed a los 14 j\u00f3venes que se encuentran privados de la libertad en Medell\u00edn, Manizales, Bogot\u00e1, Pasto y Monter\u00eda debido a que en Santa Marta no funciona el CAE, por lo que la Gobernaci\u00f3n fue forzada judicialmente a cubrir los gastos de transporte, alojamiento y alimentaci\u00f3n de los familiares que los visitan en los \u00faltimos 4 a\u00f1os.
La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, destac\u00f3 el trabajo en equipo con la Gobernaci\u00f3n para luchar contra la delincuencia y proteger los derechos y la dignidad de las personas privadas de la libertad.
\u201cAl recibir en calidad de comodato el inmueble propiedad de la Gobernaci\u00f3n del Magdalena y donde ahora funcionar\u00e1 el nuevo centro transitorio distrital cubrimos una necesidad imperiosa que tiene Santa Marta que, al no contar con un centro de reclusi\u00f3n para sindicados, se ha visto afectada por el alto hacinamiento en las URI y subestaciones de la polic\u00eda\u201d, expres\u00f3 Johnson.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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