El abogado del gobernador Carlos Caicedo, el jurista Carlos Arturo G\u00f3mez Pavajau, a trav\u00e9s de un argumento jur\u00eddico enviado a la Procuradora Delegada de la Moralidad P\u00fablica de la
Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, anunci\u00f3 que interpondr\u00e1, de ahora en adelante, todas y absolutamente todas las acciones jur\u00eddicas necesarias para salvaguardar los derechos de su representado, ante las actuaciones antijur\u00eddicas de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El profesional del derecho precis\u00f3 que que con esos argumentos jur\u00eddicos se busca impedirle a la Procuradur\u00eda conocer de los procesos contra el Gobernador Caicedo.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEl art\u00edculo 23 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos hace parte del Bloque de Constitucionalidad y por lo tanto, al tenor de los art\u00edculos 4 y 93 de la Carta Pol\u00edtica se requiere en el caso concreto que usted d\u00e9 aplicaci\u00f3n al Control de Convencionalidad de conformidad con los art\u00edculos 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y 29 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos. Por ello, el derecho al debido proceso del art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica entendido en armon\u00eda con el art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos es de aplicaci\u00f3n inmediata, fuente constitucional directa, como lo establecen los art\u00edculos 85 y 86 constitucionales\u00bb, le explica G\u00f3mez Pavajau a Olga Luc\u00eda Alfonso Vel\u00e1squez, la Procuradora Delegada de la Moralidad P\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
\u00abUsted hace referencia en su decisi\u00f3n a algunas sentencias de la Corte Constitucional, empero, la misma corporaci\u00f3n en su sentencia T-214 de 2018 dispone la necesidad de efectuar un Control de Convencionalidad cuando exista una confrontaci\u00f3n entre los derechos humanos internacionales y las regulaciones nacionales, lo que se destaca especialmente cuando se trata de normas penales y disciplinarias que tengan repercusiones en la responsabilidad extracontractual del Estado, en lo cual sigue los est\u00e1ndares de la jurisprudencia del Consejo de Estado\u00bb, ilustr\u00f3 el abogado defensor.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEl Consejo de Estado, en lo que podr\u00edamos calificar su \u00faltima posici\u00f3n en torno al ejercicio de Control de Convencionalidad en materia de P\u00e9rdida de Investidura que es Derecho Disciplinario, ha se\u00f1alado la imprescindible e inexorable aplicaci\u00f3n del Control de Convencionalidad\u00bb, puntualiz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
El abogado Carlos Arturo G\u00f3mez tambi\u00e9n fue claro en decir que se trata de una estrategia con todos los argumentos jur\u00eddicos necesario para confrontar todas las actuaciones antijur\u00eddicas en contra de su defendido y as\u00ed poder defenderlo con justicia y respetando sus derechos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El abogado del gobernador Carlos Caicedo, el jurista Carlos Arturo G\u00f3mez Pavajau, a trav\u00e9s de un argumento jur\u00eddico enviado a la Procuradora Delegada de la Moralidad P\u00fablica de laProcuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, anunci\u00f3 que interpondr\u00e1, de ahora en adelante, todas y absolutamente todas las acciones jur\u00eddicas necesarias para salvaguardar los derechos de su representado, […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\n