El próximo martes siete de agosto terminan los dos mandatos presidenciales de Juan Manuel Santos. Por esos días, es habitual toda suerte de balances sobre los resultados de su gestión en materia de seguridad, economía, relaciones internacionales y paz, entre muchos otros temas.<\/p>\n
Sin embargo, uno de los escenarios que también continuará describiéndose aún después de que el presidente Santos entregue el cargo a su sucesor, el Presidente electo Iván Duque, será el de la lucha por la transparencia, la calidad y la efectividad de la gestión pública colombiana.<\/p>\n
Y lo será, justamente, a raíz del gran interés que ha despertado en la opinión pública nacional e internacional, no sólo la implementación de las políticas de Buen Gobierno sino, también, la reciente iniciativa ciudadana de consulta anticorrupción a realizarse el domingo 26 de agosto.<\/p>\n
De hecho, una de las principales consigas que dio en 2014 el Jefe de Estado a la entonces recién posicionada directora de Función Pública, Liliana Caballero, fue la de continuar y reforzar las políticas y prácticas de Buen Gobierno en las 6 368 entidades del Estado que existen hoy en día.<\/p>\n
Desde entonces, la presencia del Estado en todo el territorio nacional (especialmente en los municipios en posconflicto); la interiorización de la cultura de la legalidad, y la adopción y ejecución de las políticas de Buen Gobierno con base en referentes internacionales fueron las coordenadas que trazaron el norte de una de las “locomotoras” del gobierno Santos cuyo trabajo silencioso deja logros y retos para los próximos años de la era del presidente electo.<\/p>\n
Y fue justamente en la reunión de empalme adelantada el pasado seis de julio entre Caballero, su equipo de trabajo, y Fernando Grillo Rubiano, delegado del Gobierno Duque y exdirector de Función Pública en la administración del expresidente Álvaro Uribe, donde se conocieron los detalles de lo que fue el balance de la administración Santos en los últimos ocho años.<\/p>\n
Durante el encuentro, Función Pública entregó un documento o memorando de empalme en cuyas páginas se detallan cifras como la realización de 29 811 procesos por meritocracia para acceder a cargos públicos de libre nombramiento y remoción; la eliminación o simplificación de 2 264 trámites con un ahorro de $62 770 millones para los ciudadanos (hoy el 55 % de los trámites del Gobierno se pueden hacer por Internet), y el 100 % de las entidades del orden nacional cumpliendo el compromiso de rendición de cuentas.<\/p>\n
Además, el informe destaca la capacitación en ocho años de 42 876 ciudadanos como veedores ciudadanos, quienes vigilaron la inversión de recursos públicos en 2017 por más de $119 billones; la ocupación femenina en cargos directivos del Estado en un 43 %; la implementación del programa Estado Joven que permitió a más de seis mil muchachos realizar sus prácticas remuneradas en 450 entidades del Gobierno, y el aumento salarial en 8.09 % para los docentes y 5.09 % para los servidores.<\/p>\n
En cuanto a beneficios para los servidores públicos se reveló que entre 2011 y 2018 hubo una inversión de $805 mil millones en capacitación y de $491 mil millones en bienestar y estímulos.<\/p>\n
Entre otros aspectos presentados durante la reunión de empalme y que hicieron de Colombia un referente internacional se encuentra la creación del Código de Integridad, construido en el apoyo de más de 25 000 servidores y que resalta los valores de la transparencia, el respeto, y el servicio, entre otros, dentro de los procesos de planeación y gestión de las instituciones.<\/p>\n
Sin embargo, aún quedan desafíos como continuar con el trámite legislativo en el Congreso de la República del proyecto de ley 006 de 2017 Cámara, el cual está para segundo debate en Cámara y que modifica la Ley 909 de 2004 permitiendo incluir los concursos públicos de ascenso en el modelo de empleo público, establecer nuevas condiciones para el encargo, posibilitar la capacitación de provisionales y determinar mecanismos de movilidad horizontal en el empleo público.<\/p>\n
Otros desafíos serán reducir la provisionalidad de servidores públicos del orden nacional que hoy es de 68 %; llevar a más regiones del país la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual permite hacer un seguimiento a las entidades del Estado en todo el territorio, y superar el reconocimiento internacional que logró la administración pública colombiana gracias al cumplimiento de compromisos adquiridos con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la OEA en materia de lucha contra la corrupción<\/p>\n
“En este momento, la gestión pública colombiana es un referente internacional. A Colombia le va muy bien en los índices de gobernanza del Banco Mundial (…); la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, aceptó el ingreso de Colombia a este organismo, y dejamos de estar en la lista negra de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque desarrollamos la negociación colectiva con los sindicatos. Hoy ese reconocimiento que recibimos de los organismos multilaterales es resultado del esfuerzo que se ha hecho por mostrarnos como un país avanzado”, dijo Caballero al término de su reunión de empalme.<\/p>\n
Para el exministro Rudolf Hommes, la gestión pública en el Gobierno Santos ha tenido una importante evolución hacia el rechazo de la corrupción, especialmente utilizando las telecomunicaciones no solo para reducir trámites y procesos, sino para divulgar al mundo políticas que ayudan a fortalecer la ética y moral, “principal problema de la administración pública”.<\/p>\n
Opinión similar entrega el historiador de la Universidad Nacional Jorge Orlando Melo, para quien internacionalmente la administración pública en Colombia ha dejado de ser la de un “Estado arcaico lleno de papeleos y está migrando ahora a la era digital, pero no solo a favor de la modernización sino también de la propaganda y la promoción. En ese sentido sigue siendo una combinación de cosas buenas y débiles”.<\/p>\n
Por su parte, el exministro de Defensa y exembajador de Colombia ante la OEA Camilo Ospina considera que la administración pública se caracteriza por su profesionalismo. “Hoy el contexto de la administración pública es de madurez, es un proceso evolutivo que va hacia la profesionalización de la función pública. Yo veo a Colombia muy bien encaminada”, dice.<\/p>\n
Finalmente, la profesora de la Universidad de los Andes María Margarita “la Paca” Zuleta resalta que lo más importante de la gestión pública debe ser el talento humano, pues “la administración pública trata de servirle a la ciudadanía, de gastar la plata de los contribuyentes para darles bienestar, obras, y servicio. El servidor público es el que hace eso y por eso ellos son el corazón del Estado”.<\/p>\n
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