La Fiscalía General de la Nación entregó hoy los resultados de la primera fase de su intervención en el departamento de Córdoba por delitos contra la administración pública, luego de la jornada anticorrupción que se realizó el pasado 13 de enero, con la asistencia de más de setecientos (700) ciudadanos, que documentaron las denuncias correspondientes y promovieron una positiva ola de delaciones que hicieron posible los resultados que hoy se presentan.<\/p>\n
Con ocasión de las denuncias presentadas en la jornada anticorrupción, la Fiscalía priorizó a comienzos de año veinticuatro (24) investigaciones, relacionadas particularmente con el manejo de las regalías, la administración de recursos para la primera infancia, la inversión de dineros para la salud y el programa de acueductos, entre otros temas.<\/p>\n
Después de cuatro meses de investigaciones, en las que participaron la Fiscalía Seccional de Córdoba y la Dirección Nacional Anticorrupción, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira entregó en Montería los primeros resultados generales de las investigaciones adelantadas.<\/p>\n
Las indagaciones por los hechos denunciados en el departamento de Córdoba hacen parte de la estrategia Bolsillos de Cristal, que puso en marcha Martínez Neira en agosto pasado, cuando asumió el cargo de Fiscal General, como una de las prioridades de su administración.<\/p>\n
Al presentar las acciones del ente acusador, el Fiscal General manifestó: “[…] los ingresos de Córdoba para los años 2015 y 2016 superaron el billón y medio (1.5 billones) de pesos; además, el departamento recibió regalías para los mismos años por seiscientos cuarenta mil millones ($640.000’000.000). Velar por la integridad de estos recursos públicos debe ser una prioridad para superar el rezago social del Departamento, cuyo índice de incidencia de pobreza supera en cerca de un 100% el promedio nacional”.<\/p>\n
Y concluyó Martínez Neira: “Entre la ciudadanía y la justicia no vamos a permitir que lo que falta en inversión social en Córdoba, sobre en corrupción”.<\/p>\n
Resultados de la Primera Fase<\/strong><\/p>\n 1. FISCALÍA IMPUTA VEINTE (20) HECHOS DELICTIVOS A EXGOBERNADOR ALEJANDRO LYONS<\/p>\n Señalado como presunto responsable de las anomalías detectadas en el manejo del sistema general de regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología en el departamento de Córdoba, la Fiscalía decidió imputar cargos contra el exgobernador Alejandro Lyons Muskus.<\/p>\n Ante el Tribunal Superior de Bogotá, el ex mandatario departamental deberá responder por la presunta comisión de veinte (20) hechos punibles, así:<\/p>\n Concierto para delinquir La audiencia de imputación solicitada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia debía realizarse este jueves 11 de mayo, en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. No obstante, la defensa del exgobernador solicitó el aplazamiento de la diligencia y la Fiscalía se encuentra atenta a la designación de la nueva fecha por parte del Tribunal.<\/p>\n 2. RESULTADOS FRENTE AL DENOMINADO “CARTEL DE LA HEMOFILIA”<\/strong><\/p>\n Las investigaciones de la Fiscalía lograron develar que muchos de los pacientes beneficiados con el pago y suministro del medicamento NO POS denominado FACTOR VIII, no sufrían de la enfermedad hemofilia y otros que sí la padecían no tuvieron acceso a los medicamentos, ni recibieron tratamiento oportuno.<\/p>\n Se logró probar, adicionalmente, que se “disparó” el número de pacientes en Córdoba, supuestamente con hemofilia, en contra de las estadísticas que llevan las autoridades nacionales de salud.<\/p>\n La Fiscalía estima que por el Cartel de la Hemofilia se malversaron más de $42.000 millones. Resultados:<\/p>\n Por estos hechos han comparecido ante la justicia y tienen medida privativa de la libertad:<\/p>\n Alfredo José Aruachán Narváez (ex secretario de Salud Córdoba) El pasado 3 de febrero de 2017, Rubén Darío Guerra Gil aceptó cargos por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Asimismo, el 29 de abril pasado Guillermo José Pérez Ardila también aceptó cargos por esos delitos.<\/p>\n El 4 de mayo de 2017 se radicó escrito de acusación en contra de Alfredo José Aruachán Narváez, Alexis José Gainez Acuña, y Marcela Sofía Suárez Luna, por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y prevaricato por acción.<\/p>\n El 7 de mayo de 2017 fue capturado Adalberto Carrascal Barón (coordinador de autorizaciones médicas de la Secretaría de Salud y quien autorizó el cobro de medicamentos), por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación en favor de terceros. La legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento se realizó el 8 de mayo de 2017.<\/p>\n El 8 de mayo último también se presentó escrito de acusación con aceptación de cargos contra el señor Rubén Darío Guerra Gil (ex representante legal IPS San José de la Sabana).<\/p>\n 2.2 Del mismo modo se investigó la expedición de una resolución del 27 de marzo de 2015, por un valor de tres mil ciento setenta y cuatro millones, novecientos setenta y dos mil ciento cincuenta pesos ($3.174.972.150). A través de esta resolución, la Secretaria de Salud del departamento de Córdoba ordenó el pago y el suministro irregulares del medicamento NO POS denominado factor VIII, con el cual se pretendía beneficiar 28 pacientes de la población pobre que no estaba cubierta por el sistema de salud.<\/p>\n Resultados:<\/strong><\/p>\n Por estos hechos fueron capturados:<\/p>\n Edwin Preciado Lorduy (ex secretario de Salud del departamento de Córdoba) Preciado Lorduy y Ceballos Blanco tienen medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras que Náder Chejene tiene medida de aseguramiento privativa de la libertad en su domicilio.<\/p>\n El 3 de abril de 2017 se presentó escrito de acusación y ya fue programada la audiencia correspondiente para el día 16 de mayo de 2017. A los procesados se les va a acusar por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y falsedades ideológicas en documento público.<\/p>\n 3. RECURSOS PRIMERA INFANCIA<\/strong><\/p>\n La Fiscalía investigó irregularidades en un contrato suscrito entre la Fundación Tierra Nuestra y el ICBF Córdoba, ejecutado en el año 2015, por valor de siete mil cuatrocientos siete millones cincuenta y tres mil pesos ($7.407.053.000), que tenía como objeto atender a tres mil seiscientos diez (3.610) usuarios en Modalidad Familiar.<\/p>\n Las labores investigativas permitieron determinar que los directivos de esta fundación, con el aval del supervisor de ICBF, se apropiaron presuntamente de dos mil setecientos cinco millones doscientos treinta y dos mil seiscientos cuarenta y tres pesos ($2.705.232.643), recursos destinados para la primera infancia.<\/p>\n Asimismo, se habrían falsificado las actas financieras de legalización para el desembolso de los recursos y se giraron cheques que no fueron invertidos en la ejecución del contrato.<\/p>\n Resultados:<\/strong><\/p>\n Se hicieron efectivas las órdenes de captura de las siguientes personas por los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de requisitos legales:<\/p>\n Mariela Peña Sibaja, Líder Fundación 4. REGALÍAS<\/strong><\/p>\n De otra parte, la Fiscalía investigó irregularidades en los convenios de ciencia y tecnología financiados con partidas de regalías giradas al Departamento de Córdoba. Se trata de los convenios Nos. 733 (Carneros) y 734 (Corredor Agroecológico Córdoba – La Guajira).<\/p>\n Resultados: Adicionalmente, se realizará imputación en dos de los convenios en la nueva investigación, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.<\/p>\n Las siguientes personas tienen medida de aseguramiento intramuros por las irregularidades con las regalías giradas a Córdoba:<\/p>\n Maximiliano García Bazanta (contratista y con contratos de Prestación de Servicios dentro de la Dirección de Regalías de Córdoba). 5. EXTINCIÓN DE DOMINIO A BIENES RELACIONADOS CON LA MALVERSACIÓN DE FONDOS DE REGALÍAS<\/strong><\/p>\n La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio inició en el día de hoy la ocupación de cuarenta (40) bienes, avaluados en más de diez mil millones de pesos ($10.000’000.000), aproximadamente, vinculados con los presuntos responsables de delitos de corrupción por regalías en el departamento de Córdoba, relacionados con los convenios 733 y 734.<\/p>\n Dentro de los bienes afectados se encuentran 29 inmuebles, tres sociedades y ocho vehículos ubicados en las ciudades de Bogotá, Montería (Córdoba), Bucaramanga, Girón (Santander) y Chiquinquirá (Boyacá).<\/p>\n En el curso de la investigación, la Fiscalía pudo establecer que con anterioridad al inicio de las indagaciones por indebido destino de las regalías el señor MAXIMILIANO GARCIA BAZANTA, implicado en los presuntos actos de defraudación, poseía varios inmuebles y vehículos que, en su gran mayoría, fueron trasferidos con posterioridad a que estallara el escándalo a favor de su hermano ALVARO ENRIQUE GARCIA, quien –como nota característica- es beneficiario del régimen subsidiado de seguridad social.<\/p>\n Los bienes, sociedades y establecimientos de comercio pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hasta que se expida una decisión definitiva por parte de los jueces de extinción de dominio.<\/p>\n 6. ALUMNOS INEXISTENTES EN LORICA<\/strong><\/p>\n La Fiscalía logró establecer presuntas irregularidades en la contratación realizada por la Secretaria de Educación del municipio de Lorica, que habría invertido recursos del Sistema General de Participaciones en matrículas de estudiantes inexistentes.<\/p>\n En el año 2014 el Ministerio de Educación Nacional giró recursos del Sistema General de Participación a la Secretaría de Educación de Lorica, Córdoba, para subsidiar la educación de un sector de la población vulnerable. Al realizar auditorías sobre la utilización de los recursos se encontraron irregularidades, como niños inexistentes que fueron incluidos en los registros para ser beneficiarios de los recursos.<\/p>\n Resultados:<\/strong><\/p>\n Los investigadores encontraron que en la Institución Educativa Rafael Núñez había 1.549 estudiantes inexistentes, por lo que se presume un detrimento de aproximadamente mil setecientos millones de pesos ($1.780.000.000)<\/p>\n A la fecha han sido capturadas dos personas por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, por un valor aproximado de seiscientos diecinueve millones quinientos mil pesos ($619.500.000). Los capturados son:<\/p>\n Óscar Antonio Rhenals España (funcionario de la Alcaldía, Supervisor del contrato. Actualmente se desempeña como Secretario de Educación del municipio de Lorica) 7. MUNICIPIO DE TUCHÍN<\/strong><\/p>\n La Fiscalía investiga probables irregularidades en el marco de la celebración y ejecución del convenio de apoyo No. 4 de 2011, suscrito ente la Alcaldía del municipio de Tuchín y el representante legal de Funayuda, para la construcción del acueducto y distribución de redes para varias comunidades. El acueducto se construyó, pero no se cuenta con el servicio de agua potable.<\/p>\n Resultados:<\/strong><\/p>\n En las últimas horas fueron capturados Domingo Germán Ortiz Salgado, alcalde del Municipio de Tuchín para la época de los hechos y Richard Alfredo Salgado Díaz, exsecretario de Planeación.<\/p>\n Se realizará legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, en cuantía aproximada de seiscientos millones de pesos ($600.000.000)<\/p>\n 8. UNIVERSIDAD UNICJAO<\/strong><\/p>\n Igualmente, se investigan irregularidades en la Universidad Indígena e Intercultural de Colombia (Unicjao), donde habrían resultado estafados 770 estudiantes de familias humildes. Los representantes de la Universidad les ofrecieron programas profesionales de medicina, derecho, psicología, trabajo social, posgrados y licenciaturas, maestrías y doctorados a través de una página web. Los alumnos pagaron el valor del semestre por cerca de ochocientos ochenta millones ochocientos mil pesos, $880.800.000. Los estudiantes no se podrán ni graduar, ni homologar las materias cursadas en otra institución educativa. Por estos hechos se habría incurrido en los delitos de estafa agravada –modalidad masa- y fraude a resolución judicial.<\/p>\n Los involucrados son el representante legal de la Universidad, Elías José Villalba González, en asocio con Luz Elena López Noriega, Carmen Elena García Guzmán, Jacinto Julio Ortiz Quintero e Israel Manuel Aguilar Solano.<\/p>\n Según la investigación, esas personas prestaron el servicio público de educación superior en la ciudad de Montería, sin contar con los requisitos legales expedidos por el Ministerio de Educación Nacional (registro calificado y personería jurídica).<\/p>\n El Ministerio de Educación Nacional instauró una acción policiva para disponer el cierre definitivo de dicha institución y el cese de manera inmediata del ofrecimiento y prestación del servicio público de educación superior.<\/p>\n Resultados:<\/strong><\/p>\n Los días 6 y 19 de abril de 2017 se realizó audiencia concentrada de imputación en contra de Elías José Villalba González y Carmen Elena García Guzmán por los delitos de estafa agravada en la modalidad masa, en concurso homogéneo y heterogéneo y sucesivo con fraude a resolución judicial, en su condición de Directivas de la Universidad Indígena Intercultural de Colombia (Unicjao). A Villalba González y García Guzmán se les impuso medida de aseguramiento.<\/p>\n Complementariamente, el juez ordenó “Revocar la personería jurídica de la Unicjao al no ser otorgada por el órgano competente y no demostrar la solicitud de reconocimiento de personería jurídica para el establecimiento educativo ante la entidad competente que es el Ministerio de Educación, así mismo declarar el cierre temporal de las instalaciones de la Universidad donde quiera que estén ubicadas en el departamento de Córdoba o en cualquier otro departamento del territorio nacional”.<\/p>\n Las decisiones judiciales se profirieron de la siguiente forma:<\/p>\n Elías José Villalba González (Rector de Universidad Indígena Intercultural de Colombia –UNICJAO), medida de aseguramiento NO privativa de la libertad 9. FRAUDE EN LA NOMINA DE LA RAMA JUDICIAL<\/strong><\/p>\n Los hechos se desprenden de una denuncia donde se relata que trabajadores de la oficina de talento humano de la rama judicial se apropiaron de las sumas que reintegraban los funcionarios, a quienes previamente se les hacían pagos a los que no tenían derecho.<\/p>\n El detrimento tiene un valor inicial de ochenta y tres millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y ocho pesos ($83.555.688).<\/p>\n Resultados:<\/strong><\/p>\n Se realizaron dos capturas y las respectivas audiencias concentradas a Vierys Pérez Taborda y Olga Olascuaga Ramos, quienes se allanaron a cargos y se les solicitó medida de aseguramiento no privativa de la libertad.<\/p>\n 10. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE CIÉNAGA DE ORO<\/strong><\/p>\n Se investigan irregularidades en la implementación y ejecución del plan de salud pública de intervenciones colectivas PIC 2012, en los municipios de San Carlos y Ciénaga de Oro.<\/p>\n Hubo irregularidades en dos convenios interadministrativos suscritos con la ESE Hospital San Francisco de Asís y en la suscripción, ejecución y liquidación de los contratos con los cuales se implementó el PIC en ambos municipios.<\/p>\n Se investiga la posible concurrencia de fraude por un embargo que hizo la proveedora Nury de las Mercedes Támara Montes, con base en una presunta deuda soportada con órdenes de pedidos y facturas cambiarias falsas, por un valor superior a cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000).<\/p>\n El valor total del detrimento patrimonial es de aproximadamente mil millones de pesos ($1.000’000.000)<\/p>\n La víctima es el Estado y el indiciado es Miguel Antonio Pacheco Márquez.<\/p>\n Resultados:<\/strong><\/p>\n Se capturó a las siguientes personas por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad material en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir:<\/p>\n Alberto José Zarur Flores, hermano del exalcalde del municipio de Ciénaga de Oro 11. CAPTURADO ALCALDE DE MOÑITOS (CÓRDOBA), SU PADRE Y TRES DE SUS COLABORADORES POR PRESUNTOS VÍNCULOS CON EL CLAN DEL GOLFO<\/strong><\/p>\n La Fiscalía General de la Nación capturó al alcalde de Moñitos, a su padre y tres de sus colaboradores, por posibles vínculos con la organización criminal Clan del Golfo, que le habría apoyado para ganar las elecciones.<\/p>\n Dentro del proceso fueron detenidos:<\/p>\n Álvaro José Casseres Matoza, actual alcalde de Moñitos Un juez de control de garantías legalizó sus capturas en audiencia pública, donde son imputados por concierto para delinquir, corrupción al sufragante, fraude en inscripción de cédulas y constreñimiento al sufragante.<\/p>\n 12. ELECCIÓN ILEGAL PERSONERO MUNICIPAL DE MOÑITOS PERIODO 2016 – 2020<\/strong> Martínez Castelar no cumplía con los requisitos legales para obtener el cargo. La elección se hizo el 8 de enero de 2016 en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Moñitos, que tiene un total de 13 concejales.<\/p>\n La Fiscalía investiga a los 8 concejales que eligieron al Personero Municipal, pese a que 5 de sus colegas advirtieron que el aspirante no tenía el título de abogado y\/o no era egresado de una Facultad de Derecho, requisito indispensable para la elección.<\/p>\n Resultados:<\/strong><\/p>\n Este ocho (8) de mayo se realizaron las capturas de los siguientes concejales:<\/p>\n Jorge Eliécer Villalba Ballesteros 13. FISCAL DE MONTERÍA<\/strong><\/p>\n Entre las investigaciones priorizadas también están los hechos que protagonizó un fiscal el 19 de julio de 2016. Ese día, en la madrugada, en un establecimiento público resultaron heridas tres personas por disparos con arma de fuego por parte de Mario Alfonso Lora Correa, Fiscal Seccional adscrito a la Unidad de Crimen Organizado. Dos de las personas heridas fallecieron.<\/p>\n Luego de realizársele prueba de alcoholemia, el fiscal Lora Correa presentó segundo grado de embriaguez etílica.<\/p>\n El pasado 24 de abril de 2017 se llevó a cabo audiencia de acusación ante la Juez Penal del Circuito de Lorica, Córdoba. Al fiscal se le acusó por homicidio agravado y lesiones personales. La investigación se encuentra en etapa de juicio. La audiencia preparatoria se llevará a cabo el 20 de junio.<\/p>\n 14. HOMICIDIO DE JOVEN EN LAGUNA DE OXIDACIÓN<\/strong><\/p>\n El 3 de diciembre de 2016 se encontró el cadáver de la joven universitaria Nataly Melody Salas Ruiz, quien de acuerdo con el informe de Medicina Legal falleció como consecuencia de choque traumático a lesiones contundentes en cráneo y faciales, más anoxia mecánica por estrangulamiento.<\/p>\n En la audiencia pública del 13 de enero pasado, sus familiares solicitaron priorizar la investigación de este crimen, como resultado de lo cual y luego de las labores investigativas correspondientes, se logró la captura y judicialización de Ángel David Sánchez Tordecilla y Enio José Peñata Herrera, a quienes se les imputó feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado.<\/p>\n Resultados:<\/strong><\/p>\n Los detenidos se encuentran con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario.<\/p>\n 15. CASO HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA<\/strong><\/p>\n Se investigan irregularidades en el contrato celebrado entre el Hospital San Jerónimo de Montería y la Comercializadora Nacional de Suministros y Osteosíntesis, por un valor de dos mil novecientos tres millones de pesos ($2.903.000.000).<\/p>\n La víctima es el Estado y los indiciados son Iván Darío Ardila Pastrana (contratista) y Luz Patricia Sánchez Rojas (contratante-gerente interventora), quienes serán imputados por los delitos de:<\/p>\n Peculado por apropiación en cuantía cercana a los mil cincuenta y ocho millones de pesos ($1.058.000.000). Continúan las investigaciones en Córdoba: la segunda fase<\/p>\n Conforme a la jornada anticorrupción de enero del año en curso y a la priorización efectuada, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira manifestó que en el curso de las próximas semanas se conocerá el resultado de las siguientes investigaciones en trámite:<\/p>\n 1) Segunda fase de la investigación sobre regalías en Córdoba.<\/p>\n 2) Manejo de recursos girados al Resguardo Sotavento por el Ministerio de Hacienda, en los años 2010 y 2011. Se investiga la posible y apropiación de $825.034.844 que no fueron invertidos en esa población.<\/p>\n 3) Construcción del Coliseo Miguel Happy Lora<\/p>\n 4) Construcción y remodelación de la Villa Olímpica de Montería<\/p>\n 5) Irregularidades en la ejecución del contrato de obra 474-2013 para la construcción del “Puente Valencia” sobre el Rio Sinú, en el municipio de Valencia, y la realización de obras de protección ambiental.<\/p>\n 6) Pago de tratamientos, medicamentos y terapias basadas en neurodesarrollo (Síndrome de Down).<\/p>\n 7) Manejo de regalías en el municipio de San Antero<\/p>\n 8) “Fundaciones de Papel” creadas con el propósito de apropiarse irregularmente de los recursos de la población discapacitada de Montería.<\/p>\n 9) Homicidio de Jairo Zapa, exdirector de regalías del departamento de Córdoba<\/p>\n Al concluir la presentación de los primeros resultados obtenidos por parte de la Fiscalía, el Fiscal General manifestó que “en Córdoba la corrupción se manchó de sangre, lo que pone en evidencia la existencia de una peligrosa criminalidad, que en su afán de apropiarse de lo público no respeta ni la vida ajena. Hay que extirparla de raíz”.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Fiscalía General de la Nación entregó hoy los resultados de la primera fase de su intervención en el departamento de Córdoba por delitos contra la administración pública, luego de la jornada anticorrupción que se realizó el pasado 13 de enero, con la asistencia de más de setecientos (700) ciudadanos, que documentaron las denuncias correspondientes […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5729,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"yoast_head":"\n
\n\tSeis (6) casos de interés indebido en la celebración de contratos
\n\tSeis (6) delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales
\n\tCinco (5) peculados por apropiación
\n\tFalsedad en documento público
\n\tFalsedad en documento privado
\n\tLa investigación se relaciona con la posible malversación de recursos que superan los diez mil millones de pesos ($10.000’000.000) y que habrían sido canalizados indebidamente a través de convenios celebrados con entidades sin ánimo de lucro durante su administración en el periodo 2012-2015.<\/p>\n
\n\t2.1 La Fiscalía investigó resoluciones con vigencia de 2012 a 2014, por un valor de treinta y nueve mil setecientos cincuenta y cuatro millones trescientos setenta y un mil ochocientos noventa y seis pesos ($39.754’371.896,oo), emitidas por la Secretaría de Salud del departamento de Córdoba, que ordenaron el pago y el suministro fraudulentos del medicamento denominado FACTOR VIII, en beneficio de treinta y cinco (35) personas de la IPS San José de la Sabana y 95 de la IPS Unidos por su Bienestar.<\/p>\n
\n\tAlexis José Gainez Acuña (ex secretario de Salud Córdoba)
\n\tRubén Darío Guerra Gil (ex representante legal IPS San José de la Sabana)
\n\tGuillermo José Pérez Ardila (ex representante legal Unidos por su Bienestar)
\n\tMarcela Sofía Suárez Luna (ex auditora médica).<\/p>\n
\n\tJuan David Náder Chejene (ex médico auditor)
\n\tAlfredo Ignacio Ceballos Blanco eEx coordinador del Programa Ampliado de Inmunización).<\/p>\n
\n\tCarlos Fernán Lázaro Arroyo, representante legal Fundación
\n\tJorge Luis Peña Atencio, empleado de confianza
\n\tJosé Alfredo Ricardo Hernández, empleado de confianza
\n\tCindy Isabel Bermúdez Cuitiva, empleado de confianza
\n\tIván Darío Ruíz Puentes, asesor contable Fundación
\n\tLeyla Ángel Vitola, supervisora del ICBF
\n\tGrey Andrade Durango, contratista del ICBF
\n\tKety Sánchez Hernández, falsa proveedora<\/p>\n
\n\tEl 7 de abril de 2017, la fiscal de conocimiento presentó escrito de acusación en contra de Maximiliano García Banzanta, Manuel José Benjumea, Juan Agustín Gualdrón Ruedo, Jesús Eugenio Henao, Luis Enrique Vega González y Mary Luz Ramírez Hoyos (esposa de Jesús Eugenio Henao). Se fijó la audiencia para el 19 de mayo de 2017 en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería.<\/p>\n
\n\tJesús Eugenio Henao Sarmiento (contratista. Tenía contratos de Prestación de Servicios dentro de la Dirección de Regalías de Córdoba)
\n\tLuis Enrique Vega González (representante legal de CONIF)
\n\tJuan Agustín Gualdrón Rueda (representante legal de CETAS)
\n\tManuel José Benjumea Simancas, (Director de Regalías del Departamento de Córdoba hasta el 11 de enero de 2017, fecha de legalización de captura). Tiene medida de aseguramiento.
\n\tMary Luz Ramirez Hoyos. Tiene orden de captura vigente.<\/p>\n
\n\tPedro Alejandro Llanos Corrales (representante legal de la Fundación Servicios y Obras Sociales de Colombia S.O.S.)
\n\tEn las próximas horas se realizarán las audiencias de legalización, imputación y solicitud de medida de aseguramiento intramuros.<\/p>\n
\n\tCarmen Elena García Guzmán (Secretaria General de la Universidad UNICJAO), medida de aseguramiento NO privativa de la libertad
\n\tLuz Elena López Noriega (Vice rectora Administrativa Universidad UNICJAO). No tiene medida de aseguramiento.<\/p>\n
\n\tMiguel Antonio Pacheco Márquez, exgerente del Hospital San Francisco de Ciénaga de Oro
\n\tNoreidys Cantillo Llorente
\n\tEudes Vicente Cumplido Suárez
\n\tMarcos Álvarez Enamorado
\n\tNury de las Mercedes Támara Montes, proveedora del Hospital
\n\tTayron Marconi Flórez Causil
\n\tArlenis María Castillo Osorio<\/p>\n
\n\tÁlvaro Enrique Casseres Brieva, padre del alcalde
\n\tJorge Antonio Villalba Martínez
\n\tNorys de Jesús Yanco Ruíz y
\n\tDionis de la Cruz Portillo
\n\t <\/p>\n
\n\tSe investiga la posible elección irregular de Javier Martínez Castelar como personero municipal de Moñitos, para el periodo 2016 – 2020.<\/p>\n
\n\tJorge Enrique Medina García
\n\tSergio Antonio Negrete Arrázola
\n\tArmando Manuel Díaz López
\n\tJáider Luis Correa López
\n\tCristian Darío Burgos Galván<\/p>\n
\n\tFalsedad en documento privado.<\/p>\n