Contraloría inició responsabilidad fiscal por $1.345 millones contra exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons

......

Edgardomaya90

Bogotá, mayo de 2017.- La Contraloría General de la República aperturó un proceso de responsabilidad fiscal por $1.345 millones de pesos contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, por presuntas irregularidades en el pago a la IPS Funtierra Rehabilitación Limitada de servicios médicos (terapias a niños con necesidades especiales), sin mediar relación contractual entre esta IPS y la Gobernación de Córdoba.
 
El propio Contralor General de la República, el jueves pasado, puso en conocimiento la decisión procesal adoptada por la CGR, tanto del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, como del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, para que los organismos a su cargo continúen las investigaciones en el marco de sus competencias.
 
En observancia del Deber de Denuncia que le asiste a todo ciudadano, el Contralor Maya Villazón ya había puesto oportunamente en conocimiento de la Fiscalía y la de Procuraduría, los hechos evidenciados en el Departamento de Córdoba y que en su momento revelaron la existencia del denominado Cartel de la Hemofilia, así como los demás casos donde con recursos de la Salud del Sistema General de Participaciones se evidencian irregularidades, denuncias que trajeron como consecuencia las decisiones recientemente adoptadas por la Fiscalía General de la Nación.
 
Presuntos responsables
 
El proceso de responsabilidad fiscal cobija también, como presuntos responsables, a Tania Margareth Otero Arroyo, en su calidad de representante legal de la IPS Funtierra Rehabilitación; al ex secretario de Salud de Córdoba, Edwin de Jesús Preciado Lorduy; y al Auditor Médico, Juan David Nader Chejne.
 
Los hechos irregulares que dieron origen a los Procesos de Responsabilidad Fiscal se dieron entre mayo y septiembre de 2015, y fueron evidenciados en una auditoría que realizó la CGR sobre el manejo de recursos del Sistema General de Participaciones –SGP por parte de la Gobernación de Córdoba en la vigencia 2015.
 
Pagos sin los debidos soportes
 
Los pagos a la IPS Funtierra alcanzaron la suma de $6.252 millones, y fueron autorizados por la Secretaria de Salud Departamental de Córdoba por tratamientos médicos que incluían distintas terapias: ocupacional, fonoaudiológica, de integración sensoriomotriz y miofuncional.
 
Al revisar la documentación aportada por la IPS para tramitar estos pagos, la Contraloría no encontró estudios económicos o valores unitarios que justificaran las cantidades y precios pagados.
 
Tampoco se encontró soporte o documento en que conste que medió una relación contractual entre la IPS y la Gobernación, en los que se pudieran fundamentar los pagos realizados.
 
Además, en las facturas mensuales presentadas por la IPS Funtierra Rehabilitación Limitada, por los servicios supuestamente prestados para los cobros de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015, se evidenció que en algunos casos no se habían completado los tratamientos recomendados por el médico neurólogo, y aún así la Gobernación efectuó los pagos en favor de la IPS como si se hubieran prestado la totalidad de los servicios facturados.
 
Se pagaron tratamientos que no se realizaron
 
El equipo de la Contraloría evidenció que las terapias no se pagaban individualmente, sino por “paquetes de terapias” (entre 50 y hasta 100 tratamientos). Sin embargo, al haberse practicado supuestamente las primeras 50 – independientemente de que el médico hubiera ordenado 80 ó 100 terapias -, se efectuaba el pago de la totalidad del “paquete de terapias” cuyo precio correspondía a 100 tratamientos.
 
De esa forma, el contratista facturaba de manera anticipada terapias que aún no se habían practicado, y sin la posibilidad de verificar que con posterioridad las mismas en efecto se llevaran a cabo.
 
Por lo anterior, a la IPS Funtierra se le pagaron tratamientos bajo la modalidad de “paquetes”, sin que los mismos se hubieran realizado, por una sumas que supera los $1.345 millones de pesos, valor por el que la CGR estima como daño patrimonial sufrido por los cordobeses.
 
Las tarifas se pagaron sin el debido soporte legal
 
Los pagos mencionados anteriormente, se pactaron incluso en documentos que no tienen ningún valor legal, como es el caso de un acta informal que suscribió el Secretario de Salud Departamental de la época, Edwin Preciado Lorduy, con la representante legal de la IPS Funtierra Rehabilitación, Tania Otero Arroyo, donde se acordaron las tarifas a pagar por los denominados “paquetes”.
 
Dicha “acta”, que la Contraloría no tuvo en cuenta, por carecer de todo valor legal y que por lo mismo no constituye ni estudio previo, ni propuesta y mucho menos contrato, fue usada por la Gobernación como supuesto soporte para ordenar los pagos, cuando no se cumplieron en la práctica los requisitos legales exigidos para semejante contratación.
 
Auditoría médica no verificó los servicios médicos prestados
 
Adicionalmente, si bien la Gobernación de Córdoba practicó una auditoría médica a las solicitudes de pagos presentadas por conceptos de salud, en este caso el auditor médico contratado por la Secretaria de Salud Departamental (el médico Juan David Nader Chejne) avaló los diferentes pagos, estableciendo un valor de $0 (cero pesos) por concepto de glosas, evidenciándose así que los pagos se habrían autorizado sin que se verificara la adecuada prestación del servicio médico a cada uno de los pacientes

Foto: Contralor general, Edgardo Maya Villazón.

SIGUE A INTERPOLITICO.COM EN :
@interpolitico


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *