Columna / Miguel Durán Gelvis: Las astucias de la inversión extranjera que el gobierno debe controlar

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Por Miguel Durán Gelvis. En medio de la avalancha de noticias sobre el coronavirus, se producen algunas que se deslizan en los medios de comunicación sin que se les dé mayor trascendencia. Una de ellas ha estado produciéndose por las manifestaciones hechas por los voceros de dos de las más importantes compañías que tienen asiento en Colombia para la explotación del carbón, específicamente Drummond que opera los yacimientos de La Loma y El Descanso, y Prodeco que hace lo mismo en las minas de Calenturitas y La Jagua.

En el primer caso, el presidente de Drummond José Miguel Linares ha salido a diversos medios de comunicación a plantear que el gobierno debe revisar la política minera vigente, específicamente en lo relacionado con la fórmula para la liquidación de las regalías, aduciendo que sus componentes tienen como referencia un índice que ha operado para las ventas de carbón en Europa, cuyo mercado la compañía ha perdido casi por completo, y que es necesario migrar hacia un nuevo índice, como el del mercado asiático que es a donde están enviando carbón hoy. Linares dice que  “No es justo que se pague una regalía por un carbón que no es el que yo estoy vendiendo, porque no me están reconociendo esos precios”[1] (Ver nota en El Tiempo “El timonazo que reclama la gran minería para sacarle el jugo al carbón”)

Por su parte, el apoderado general de Prodeco envió una carta a la Agencia Nacional de Minería en la cual, luego de quejarse de que al inicio de la pandemia las autoridades locales y las comunidades no les permitieron adelantar labores, las cuales estaban en las excepciones de los decretos del gobierno nacional a raíz de la crisis sanitaria, pasan a decir que de todas formas no podrán reiniciar operaciones, ahora, porque las entidades encargadas de autorizarles unas modificaciones a sus planes mineros no se han pronunciado, y que sin esas autorizaciones su operación no les es rentable, además que, según el funcionario, la situación por el coronavirus, entre otras cosas, han afectado los precios mundiales del carbón, por todo lo cual, solicitan una suspensión del contrato de operación integrada de todas sus minas, mínimo por cuatro años, aunque al vencerse este plazo podrían pedir uno adicional.

El tema es motivo de gran preocupación pues estas solicitudes ya están en los despachos de las entidades del gobierno nacional y no se sabe cómo lo resolverán o si ya lo tiene resuelto sin tener en cuenta las opiniones de las autoridades regionales, y especialmente de las comunidades locales del área de influencia, que son quienes sufren la afectación por los impactos de la minería y esperan las regalías e impuestos para abordar soluciones.

Así se hace la liquidación de regalías del carbón de Drummond

En el contrato 078/88 (La Loma) se estableció que la regalía sería del 15% sobre el valor presuntivo de la tonelada en boca de mina, y en el 144/97 (El Descanso) quedó pactada implícitamente en el 10%. Para llegar a ese valor presuntivo se toma el precio de venta FOBT, el cual está definido en los contratos y la reglamentación que se les aplica como un valor estándar que incorpora un índice reconocido internacionalmente conocido como API2 para el carbón de poder 11.370 BTU[2] vendido en el mercado internacional.   A dicho valor se le resta el precio del flete en barco, que en este caso está definido por el referente BCI7 que es el valor promedio para embarques desde el puerto en Colombia hasta puertos de Europa, específicamente en Holanda. Para definir el valor de las regalías que la empresa debe pagar, se obtiene la diferencia de las dos cantidades anteriores y se le restan dos ítems más: lo que en uno de los contratos se llama monto deducible, y los costos de manejo portuario del carbón. El monto deducible son los costos que Drummond reporta como gastos de transporte desde la mina hasta el puerto y gastos operacionales en componentes como electricidad, depreciación de equipos y amortizaciones entre otros.

Para comprender mejor lo anterior tomemos la resolución de 137 de junio de 2020 de la UPME con la cual se liquida el precio base para pago de regalías del primer trimestre del 2020. En ella se registran las operaciones de carbón colombiano en el semestre de octubre de 2019 a marzo de 2020, el cual ha sido un periodo de bajos precios comparados con los años anteriores.  Luego de restar al API2 (valor de venta en el mercado internacional) el BCI7 (valor del flete marino) el precio de la tonelada de carbón queda en U$ 41 dólares promedio para los carbones de La Loma y El Descanso. A esa cifra se le resta el monto deducible que, según los reportes se estableció en U$ 4.30, y los costos de manejo de puertos en U$ 6.19, es decir U$ 10.49, con lo cual el precio real para la liquidación de regalías para la nación, los departamentos los municipios productores y portuarios es de U$ 30 aproximadamente, es decir U$ 4.5 en el contrato de La Loma y U$ 3 en el contrato de El Descanso.

Con estas cuentas podemos ver que lo que quiere Drummond es que al cambiar el indicador API2 baje el valor del precio FOBT, es decir el primer factor que es del cual se hacen los descuentos para fijar el precio base para la liquidación de las regalías, y entonces dejan de pagar un 15% sobre cada dólar que logre rebajar como base de liquidación.

El caso de Prodeco (Glencore)

Aunque en el contrato 044/89 que corresponde a la mina Calenturitas, que explota Prodeco como filial de la multinacional suiza Glencore se pactaron unas regalías un poco más generosas, su solicitud de aplazamiento de operaciones es realmente un aviso de que ha tomado la decisión de irse anticipadamente del territorio. Pero en vez de decirlo claramente, opta por la figura sinuosa de la solicitud de aplazamiento invocando el artículo 54 del código de minas, pero disfrazando las razones para cumplir los requisitos que trae la norma, la cual habla de “circunstancias transitorias de orden técnico o económico”, pues aducen como tales, la actitud de las autoridades y comunidades locales, la pandemia del COVID-19, las fallas de las autoridades nacionales en el trámite de unas autorizaciones ambientales y “variaciones imprevisibles de los supuestos macroeconómicos” con los que han venido operando.

Realmente es imposible desconocer que la emergencia sanitaria que vive el mundo ha afectado como a todos, a los sectores a la industria del carbón, y tampoco es posible desconocer que existe una ineficiente burocracia nacional que todo lo retrasa, al igual que es cierto que alguna agitación de las comunidades o autoridades locales hubo al principio de la pandemia reclamando condiciones de bioseguridad en la operación minera. Pero no por ello las demás empresas mineras pararon, como si lo hizo Prodeco. El problema real para esta empresa está en la comercialización de su carbón, como lo reconoce en un documento técnico que presenta a la Agencia Nacional de Minería para sustentar su solicitud de suspensión de operaciones, pues al igual que Drummond perdió sus clientes en Europa producto de la dinámica que han impuesto las energías alternativas en ese continente que desplazan al carbón como fuente energética, y también de la presencia de un jugador grande como Rusia que vende allí el carbón que todavía se consume. Al pasar eso, los productores se han lanzado al mercado del pacifico donde China, Japón, la India y otros países siguen requiriendo carbón, y a los mercados de América, competencia fuerte que está dejando sin espacio a algunos como parece ser el caso de Prodeco, pues Drummond tiene fondo y mejores clientes que le permiten sostenerse.

Así las cosas, hay que llamarlas por su nombre: Glencore sabe que mantenerse en operación no le reportará las ganancias que habían estimado y que sus días en el negocio del carbón en Colombia están llegando a su fin, o por lo menos, es lo que desearían. Al pedir para un contrato al que le faltan ocho años un aplazamiento de cuatro años o más, como lo plantean en la misma solicitud al decir que si no se superan en ese tiempo los supuestos macroeconómicos que bien saben que no se van a superar, pedirán extensión del aplazamiento, lo que están diciendo es “nos vamos”. Es poco creíble que vuelven a prender maquinas por el poco tiempo que les quedaría.

Con cara gano yo y con sello pierdes tú, la filosofía del capital trasnacional

Llama la atención, pero no sorprende esta forma de proceder de las multinacionales mineras, pues su lógica es maximizar ganancias y por supuesto, minimizar el riesgo de perdidas, situación que también deja clara la asimetría que viene presentándose en el país entre el Estado y el capital internacional que llega con el nombre de Inversión Extranjera Directa. Ese capital no llega porque si, sino porque en un juego perverso ha puesto a los países en vías de desarrollo que tienen recursos naturales no renovables a competir para ver cuál de todos les da mayores gabelas para explotarlos, gabelas que incluyen exenciones tributarias y arancelarias y normas de flexibilización del mercado laboral.[3]

Por esas mismas razones tampoco sorprende que las multinacionales pongan el grito en el cielo cuando una coyuntura internacional puede afectar sus intereses, y que nadie los escuchara abrir la boca en los amplios periodos de bonanza de precios internacionales que situaron el carbón por encima de los cien dólares.

Nos queda claro que no vinieron a hacer filantropía, sino a hacer negocios y eso no se les puede reclamar, pero si es necesario que los congresistas que tienen responsabilidad con el Cesar, el gobernador y los alcaldes estén atentos al desarrollo de las solicitudes presentadas por las mineras. En el caso de la revisión de la tarifa de regalías, tema por el cual el departamento y los municipios pueden dejar de recibir una importante suma de dinero que mucho necesitan las comunidades, hay antecedentes que se pueden estudiar de la manera como Drummond ha querido sacar ventaja mediante pagos menores a los que les correspondía. Al respecto puede revisarse como cuando lograron rebajar la tarifa ferroviaria del transporte de carbón entre La Loma y Santa Marta, la cual es un componente del monto que se descuenta para pagar las regalías, seguían aplicándola para poder rebajar la base sobre la cual se liquidaba.[4]

El caso de Prodeco aunque es menos significativo en dinero[5] muestra una situación más dramática, pues permite visualizar ya lo que creíamos que empezaría a pasar dentro de unos años y por lo que el departamento no puede seguir pensando que va a vivir de la renta minera eternamente: que el fin de esa explotación conllevara graves consecuencias que es necesario prepararse para mitigar y atender.  Los impactos que deben atenderse son en primer lugar los del desbalance ambiental que deja ríos y quebradas desviados, aguas subterráneas impactadas, paisajes y suelos distintos entre otros; las cuentas departamentales también serán seriamente afectadas pues reemplazar 43% del PIB que hoy aporta el carbón no será tarea fácil, lo que nos lleva inmediatamente a observar la situación más difícil: ¿qué va a pasar con los miles de familias que se vieron obligadas a cambiar su actividad tradicional hace más de 20 años por la llegada de la minería? ¿Cuál alternativa se les va a presentar para que no se agrave el drama que de por sí ya se está viviendo no solo por la pandemia sino por las condiciones estructurales de marginación y pobreza que viven esos territorios?

Por todo la anterior es que se necesita una posición firme de los líderes de la región en todos los órdenes, dejando claro que no es justo que al país le quieran trasladar el riesgo natural de los negocios de las multinacionales en los que bastante dinero han ganado en los últimos 20 años, y haciéndole saber al gobierno nacional y a las empresas que las modificaciones a los contratos no se pueden hacer solo cuando se afectan sus intereses. No nos pueden salir con más otrosíes para favorecer los intereses de las mineras a menos que en ellos también se establezcan claros compromisos que empiecen a mostrar alternativas para los cesarenses, especialmente los habitantes de la zona minera. Para eso deben exigirse planes de cierre minero que incluyan los componentes de compensación efectiva por los impactos negativos de la explotación y reconversión productiva del territorio.

*Excongresista del Cesar.

 

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